La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena total de treinta años de prisión para un hombre que, según el Ministerio Público, sometió durante nueve años de matrimonio a su esposa a "malos tratos habituales" y a conductas "de índole sexual sin su consentimiento", que además grababa "bajo amenazas" de difundirlas. El acusado habría llegado incluso a "ofrecer relaciones sexuales" con la víctima a amigos y a usuarios de Internet para "saldar sus deudas pendientes u obtener sustancias estupefacientes".
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía atribuye al principal acusado un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, en su subtipo agravado por cometerse en el domicilio y en presencia de menores; dos delitos de violación, un delito de inducción a la prostitución y otro de maltrato sin lesión en el entorno familiar, también agravado por tener lugar en la vivienda común. Por estos hechos, las penas individuales reclamadas oscilan entre uno y doce años de prisión.
De acuerdo con el relato fiscal, durante la convivencia conyugal la mujer "había venido sufriendo malos tratos habituales por parte de su esposo consistentes en golpes, empujones" y otras "conductas vejatorias, como grabarla manteniendo relaciones sexuales con un segundo procesado en la causa y amenazándola con hacerlas públicas, expulsarla con su hija del domicilio o controlar su móvil e impedirle salir del domicilio si no era en compañía del procesado principal".
Estos comportamientos, recogidos en el escrito, se describen como actos que "han supuesto usar a su esposa a modo de objeto disponiendo de ella y de su sexualidad sin su consentimiento, sometiéndola a actos denigrantes como compartir sexo con terceros a instancias del procesado, sin que conste que haya sufrido lesiones al no haber acudido a centro médico alguno". La Fiscalía subraya que tales conductas "agresivas y desconsideradas han formado parte de la dinámica relacional de la pareja, siendo la posición del acusado de dominio y sometimiento absolutos psicológico y físico sobre la perjudicada, objetivándose signos de malos tratos habituales y puntuales sobre ella, así como una relación de asimetría en la pareja".
Según el Ministerio Público, "como consecuencia de la anulación de la voluntad que suponía para la víctima dicha situación, la misma no oponía resistencia a las relaciones sexuales que le exigía el procesado, debiendo la perjudicada soportarlas contra su voluntad para evitar conflictos o agresiones a ella o a la hija común". En este contexto, el escrito sitúa un episodio concreto en 2012, cuando el hombre habría mantenido relaciones sexuales con la víctima mientras "dormía bajo los efectos del alcohol ingerido la noche anterior, causándole lesiones".
El fiscal detalla además que, durante la relación, el acusado, "abusando de su superioridad y de la situación de necesidad de la víctima, que dependía económicamente del mismo, ha venido buscando por Internet y ofreciendo a sus amigos y conocidos mantener relaciones sexuales con la mujer como forma de abonar sus deudas pendientes con esas personas o como forma de obtener sustancias estupefacientes de las que era consumidor".
La acusación pública recoge igualmente que, "en fecha que no consta del año 2017 y en el domicilio familiar, ha golpeado en reiteradas ocasiones en la espalda a la hija menor de ambos, nacida en 2013, sin que conste haber sufrido lesiones por cuanto que no fue examinada por ningún facultativo". Asimismo, en una fecha no determinada de 2016, el principal acusado y el segundo investigado habrían atado a la mujer en el dormitorio para mantener con ella relaciones sexuales "contra su voluntad".
Para la Fiscalía, los hechos descritos constituyen un delito de maltrato habitual en el domicilio familiar, con los subtipos agravados de comisión en la vivienda y en presencia de menores; dos delitos de violación, un delito de inducción a la prostitución y un delito de maltrato sin lesión en el ámbito familiar. Considera al marido autor de todos estos delitos y al segundo procesado coautor de uno de los delitos de violación.
En consecuencia, el Ministerio Público formula una petición global de 30 años de prisión para el principal acusado, al sumar las penas individuales de entre uno y doce años de cárcel por cada ilícito. Para el segundo procesado, al que responsabiliza como coautor del segundo delito de violación, interesa una condena de doce años de prisión.
Además, la Fiscalía reclama que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 20.000 euros por daño moral, cantidad a la que se añadirá el interés legal correspondiente.