La Fiscalía del Principado de Asturias reclama una pena de 10 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su pareja, de 19 años, en Oviedo. El juicio se celebró este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en la capital asturiana, y ha quedado visto para sentencia.
El procesado, de 24 años, mantenía con la joven una relación sentimental sin convivencia cuando ocurrieron los hechos, que ella decidió ocultar a su familia por miedo a su reacción. Según el escrito fiscal, el vínculo entre ambos estuvo marcado por continuos conflictos y por una clara desigualdad de poder, derivada tanto de la diferencia de edad como de los papeles que cada uno asumía dentro de la relación.
De este modo, el Ministerio Público sostiene que el acusado fue generando progresivamente un ambiente de temor y dominio sobre la víctima. En este contexto, sobre las dos de la madrugada del 18 de septiembre de 2021, la joven acudió a la vivienda del procesado, en Oviedo. Él se encontraba dormido, situación que ella aprovechó para acceder a su teléfono móvil. Al revisar el dispositivo, comprobó que el acusado había mantenido conversaciones con otra chica y decidió despertarle para pedirle explicaciones, desencadenándose una fuerte discusión entre ambos.
Cuando la joven se preparaba para abandonar el domicilio, el acusado, siempre según la versión de la Fiscalía, la sujetó con violencia y la agredió sexualmente.
La Fiscalía califica estos hechos como un delito de agresión sexual y aprecia la circunstancia agravante de razón de género. Por ello, solicita que se imponga al procesado una pena de 10 años de prisión, acompañada de inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena. Asimismo, pide la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros, ya sea a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier sitio donde ella se encuentre, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas medidas durante 15 años.
El Ministerio Público reclama también la inhabilitación especial para desempeñar cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que implique trato directo y habitual con menores de edad, durante un periodo que supere en 5 años la duración de la pena de prisión que finalmente se imponga, en caso de condena. Además, interesa la medida de libertad vigilada durante 5 años.
En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales sufridos, más los intereses legales que correspondan.