La Fiscalía traslada al juzgado su investigación sobre las VPP de Les Naus en Alicante

La Fiscalía entrega al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante sus diligencias sobre la adjudicación de VPP en la promoción Les Naus.

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Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

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La Fiscalía ha remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante las diligencias que mantenía abiertas sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, situada en la Playa de San Juan.

Fuentes del Ministerio Fiscal han indicado a Europa Press que el organismo ha optado por enviar al juzgado sus actuaciones al no poder continuar con la vía de investigación propia, dado que ya existe un procedimiento judicial en marcha sobre estos mismos hechos.

La pasada semana, la magistrada responsable del Juzgado de Instrucción número 5 acordó abrir diligencias previas para esclarecer las condiciones en que se produjo la adjudicación de estas viviendas protegidas.

La jueza dio este paso tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, una exdirectora general y varios trabajadores municipales.

En su resolución inicial, la instructora ordenó recabar todos los expedientes abiertos en la Fiscalía de Alicante derivados de distintas denuncias sobre estos hechos, con el objetivo de acumular en una única causa judicial las acciones emprendidas y disponer de una visión completa que permita su tramitación procesal conjunta.

En cumplimiento de este requerimiento, la Fiscalía ha enviado al juzgado las diligencias preliminares que tenía en curso relacionadas con la adjudicación de estas VPP, fruto de varias denuncias presentadas en los últimos meses.

El procedimiento se originó tras hacerse público que la exconcejal de Urbanismo del consistorio alicantino, Rocío Gómez, y familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, figuraban entre los adjudicatarios de viviendas de protección pública. Además, Miguel Ángel Sánchez presentó su dimisión como jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio tras conocerse que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.