La Justicia belga ha procedido a inmovilizar 482 millones de euros vinculados a España en el marco del conflicto judicial derivado del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables aplicado por los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Según explican fuentes jurídicas, esta actuación se inscribe en los trámites relacionados con el caso OperaFund, en el que se solicitó la ejecución de un laudo arbitral emitido a favor de dicho fondo.
El embargo acordado por los tribunales belgas, autorizado como fórmula de compensación para asegurar el cobro por parte de los acreedores, se eleva hasta esos 482 millones de euros.
OperaFund consiguió en 2019 un laudo firme ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo arbitral del Banco Mundial al que España pertenece. La decisión se dictó al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, del que España formaba parte cuando se ejecutaron los recortes retroactivos que originaron las demandas.
Ante la negativa del Gobierno español a abonar la indemnización fijada, OperaFund inició las actuaciones necesarias para garantizar el cobro por otras vías, presentando demandas ante tribunales de distintas jurisdicciones con el objetivo de embargar activos y créditos del Estado.
En este expediente concreto, la cantidad principal adeudada asciende a 29,3 millones de euros, a los que se añaden 7,5 millones adicionales en concepto de intereses de demora.
En este escenario, el equipo legal del fondo presentó una demanda ante la justicia de Bélgica para que se intervinieran los pagos que el organismo europeo de gestión del tráfico aéreo, Eurocontrol, efectúa de manera periódica al proveedor público español de navegación aérea, Enaire, cuya operativa y cuentas quedan bajo jurisdicción belga.
Los jueces belgas aceptaron la solicitud, al entender que el embargo es un instrumento válido para asegurar la compensación de los afectados por el impago. Como resultado de esta resolución, se han congelado 482,4 millones de euros que, en lugar de llegar a Enaire, permanecen retenidos a la espera de un eventual recurso y con la vista puesta en su posible transferencia a los acreedores para saldar las obligaciones pendientes.
Un embargo previo de más de 200 millones
En julio del año pasado, la japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, ya había puesto en marcha un procedimiento semejante que también terminó fallándose a su favor, con un embargo superior a 207 millones de euros. En ese caso, la deuda de España se situaba en 106,2 millones de euros de indemnización no abonada, a los que se sumaban 9,4 millones en intereses de demora.
Las compañías que litigan contra el Estado español han ido acumulando resoluciones favorables en jurisdicciones como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o la propia Bélgica.
Fuentes de estas firmas han reiterado su voluntad de alcanzar “un acuerdo con el Gobierno que permita poner fin a esta prolongada litigiosidad y a restaurar un clima básico de seguridad jurídica y certidumbre para la inversión internacional”.
Casi 2.300 millones pendientes de pago
A diciembre de 2024, el volumen total aún sin abonar a las 27 empresas afectadas por los recortes asciende a 1.754,7 millones de euros, a los que se añaden 297,6 millones en intereses de demora y otros 238,7 millones en costas, honorarios legales y sobrecostes asociados a la estrategia de impago del Estado español, lo que eleva el importe global a 2.292 millones de euros.
En la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos de siete procedimientos: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed.
En conjunto, la justicia estadounidense ha dado validez a una deuda ejecutable de 691,2 millones de euros, lo que faculta a los acreedores para activar los mecanismos de ejecución disponibles en ese país.
Ante esta sucesión de fallos contrarios, el Gobierno español ha acudido al Tribunal Supremo, mientras que los inversores han puesto en marcha un proceso formal de rastreo de activos (“discovery order”) para localizar bienes del Estado embargables dentro de la jurisdicción norteamericana.
Al mismo tiempo, la ofensiva legal progresa también en Australia. En 2025, el Tribunal Federal dictó sentencia ordenando la ejecución de cuatro laudos —los de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un total de 469 millones de euros. La resolución rechazó los argumentos de inmunidad soberana esgrimidos por España y avaló íntegramente las reclamaciones de los inversores.
El tribunal no solo autorizó la ejecución de los laudos, sino que impuso además el pago de las costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya participación fue desestimada por el juez.