Núria González, la abogada de Rosa Peral, condenada por matar a su novio Pedro Rodríguez junto a su amante, Albert López, en el conocido como 'crimen de la Guàrdia Urbana', ha decidido dar por terminada su labor como representante legal de la reclusa en todos los procedimientos abiertos.
En un comunicado consultado por Europa Press y avanzado por 'Crónica Global', González ha anunciado que pone fin a su colaboración judicial con Peral “con el convencimiento de que finalmente encontrará la justicia que toda ciudadana merece y con el deseo de que tenga una vida feliz en el futuro más inmediato posible”.
Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión, fue trasladada la semana pasada desde el Centre Penitenciari Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), al Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.
Procesos abiertos en Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene en curso un procedimiento por presunta vulneración de derechos fundamentales, tras admitir a trámite un recurso contencioso-administrativo de Peral contra la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat por negarle el acceso al acta en la que, según sostiene, Albert López habría reconocido ser el “autor material” del crimen.
La Sala Contenciosa Administrativa acordó la apertura de una pieza separada para estudiar la medida cautelarísima solicitada, centrada en asegurar la conservación del acta de la Junta de Tratamiento del Centre Penitenciari Quatre Camins (Barcelona).
Paralelamente, Rosa Peral afronta otro procedimiento penal en un juzgado de Tarragona, donde se la investiga por un presunto delito de alzamiento de bienes al haber traspasado supuestamente su patrimonio a su padre con el fin de eludir el pago de la indemnización a los familiares de Pedro Rodríguez; la vista oral está fijada para junio de 2027.
A este caso se suma otra causa, también en un juzgado de Tarragona, por supuestamente instigar a una interna a agredir a una funcionaria de la prisión de Mas d'Enric el año pasado.
Además, el Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) debe pronunciarse sobre la demanda civil que Peral presentó contra la productora de la serie 'El cuerpo en llamas', Arcadia Motion Pictures, y la plataforma Netflix, al considerar que la ficción vulneraba la protección del derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal de ella y de su hija, menor de edad, que también aparece representada.
Tras el archivo de la parte relativa a la menor, para quien Peral reclamaba inicialmente 30 millones de euros, la condenada por el 'crimen de la Guàrdia Urbana' mantiene la petición de una indemización de 3 millones de euros para sí misma.