Tribunales

La nueva portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria defiende que “no es momento” de entregar la instrucción a los fiscales

La nueva portavoz de la AJFV, Marien Ortega, rechaza que la instrucción penal pase a los fiscales mientras no se refuerce su autonomía e independencia.

3 minutos

Marien Ortega, nueva portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) A. PEREZ MECA

Marien Ortega, nueva portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) A. PEREZ MECA

Comenta

Publicado

3 minutos

Marien Ortega, recientemente elegida portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ha reiterado que aún “no es el momento” de que la investigación de los procedimientos penales pase a manos del Ministerio Fiscal, tal y como recoge el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de octubre.

Ortega se ha pronunciado en este sentido en una entrevista concedida a Europa Press tras su designación como nueva portavoz nacional de AJFV, la segunda asociación judicial por número de miembros, en la 39ª Asamblea celebrada en A Coruña el 14 de noviembre.

La magistrada considera que, “tal y como está configurada la Fiscalía, no es el momento de que pase la instrucción a los fiscales”, al recordar que el Ministerio Público “tiene una estructura jerárquica muy marcada” y un fiscal general “elegido por el Gobierno”.

Por este motivo, ha insistido en que “se da esa situación de dependencia jerárquica”. Ortega, que es titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla, alerta de las consecuencias que ello puede tener en la práctica.

Como ejemplo, ha señalado que a un fiscal “los superiores pueden apartarle” y “se le pueden dar órdenes”. “Mientras no se refuerce la autonomía del Ministerio Fiscal, no es el momento de que pase la instrucción”, ha recalcado.

En relación con las reformas del Ministerio Fiscal aprobadas por el Gobierno en los últimos meses, ha subrayado que la modificación no afecta a lo que, a su juicio, es una cuestión esencial: “No cambia la elección del fiscal general del Estado”.

En este contexto, la jueza sostiene que el juez instructor “ahora mismo sí que es plenamente imparcial e independiente” y “ofrece garantías para la ciudadanía”. A su entender, “si se le da la instrucción a los fiscales en la forma que está estructurada ahora, no se mantendrían esas mismas garantías”.

Bolaños defiende una reforma “absolutamente necesaria”

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal es “absolutamente necesaria”.

Argumentó que el objetivo es “dar un paso decisivo en el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal”, aunque, según indicó, “ya cuenta con suficientes resortes” para proteger esa autonomía en el funcionamiento ordinario de la institución.

Entre las principales novedades, detalló que el mandato del fiscal general del Estado, que ahora coincide con los cuatro años habituales del Gobierno, se ampliará a 5 para desligar ambos periodos, de forma que “cuando cambie el Gobierno no cambiará el fiscal general”.

Asimismo, precisó que no podrá ser renovado, como sucedía hasta ahora, salvo si ha permanecido menos de un año en el cargo, por lo que el máximo tiempo de permanencia se situará en seis años.

Fiscales instructores y nuevas competencias

En esa misma comparecencia, Bolaños explicó que estas medidas buscan “garantizar que van absolutamente en paralelo” con la reforma de la LeCRIM y que, tras su aprobación, “es imprescindible reforzar la autonomía” del Ministerio Fiscal.

El titular de Justicia avanzó además que la reforma pretende equiparar el estatus de los fiscales al de los jueces para que asuman la dirección de las investigaciones penales.

En este sentido, precisó que “la forma de designación del fiscal o fiscales competentes para la instrucción de cada caso corresponderá al fiscal jefe” y que estarán sometidos a causas de abstención y recusación similares a las que ya se aplican a jueces y magistrados. “Simplemente una instrucción de un fiscal no podrá llevarla a cabo si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con una de las personas que están investigando”, resumió.

En coherencia con estas nuevas funciones, añadió que “el Ministerio Fiscal tendrá una competencia que hoy tienen jueces y magistrados, que es la de imponer sanciones a quienes no colaboran con las investigaciones judiciales”, además de asumir la dirección de la Policía Judicial.