La Policía Nacional ha remitido un requerimiento formal de documentación a Inteligencia Prospectiva después de no poder ejecutar el pasado martes el registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra' y que sitúa a esta mercantil como la que presuntamente abonó cantidades a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desplazados a la sede de Inteligencia Prospectiva en el Paseo de la Habana, en Madrid, se encontraron las oficinas en plena reforma y sin trabajadores, por lo que no pudieron llevar a cabo la diligencia.
Ante esta situación, los investigadores han optado por cursar un requerimiento de información al no poder ejecutar en persona lo dispuesto por el magistrado José Luis Calama, que también autorizó otros tres registros, entre ellos el de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz, ordenando a los agentes intervenir los dispositivos de almacenamiento de Gertrudis Alcázar, secretaria personal del exjefe del Ejecutivo socialista.
En su auto, el juez identifica a Inteligencia Prospectiva como una de las sociedades —junto a Softgestor, igualmente registrada el martes— que habrían canalizado fondos hacia Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, considerada "una pieza instrumental" dentro de una presunta red de tráfico de influencias que, según la investigación, estaría encabezada por el propio expresidente, extremo que él rechaza.
Sobre Inteligencia Prospectiva, el magistrado sostiene que "constituye una sociedad carente de actividad real, cuya operativa económica y financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con un uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez".
Cuentas y movimientos económicos bajo sospecha
La investigación de la Audiencia Nacional se apoya en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, fechado el 25 de febrero de 2026, que detalla que Inteligencia Prospectiva comenzó su actividad en 2020 y está "administrada solidariamente" por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón.
El documento recoge un "elevado volumen de movimientos en cuenta" con flujos de entrada y salida superiores a 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025, pese a presentar un déficit de 847.401,53 euros y a haber tenido que acometer sucesivas ampliaciones de capital por 698.500 euros.
Para el juez, "resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021 y claramente reducida en los años posteriores", añadiendo que también es "reseñable que la entidad no haya solicitado la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, pese al significativo volumen de gastos declarados y a su situación financiera deficitaria".
En el mismo auto, Calama detalla que, entre los pagos efectuados por Inteligencia Prospectiva, figuran como principales proveedores Análisis Relevante, con 380.208 euros; Gate Center, con 266.200 euros; y la empresa de marketing de las hijas de Zapatero, Whathefav, con 561.440 euros, que igualmente fue objeto de registro por parte de la UDEF el pasado martes.
Zapatero, señalado como líder de la trama
En otro apartado de la resolución, el magistrado atribuye a Zapatero el papel de "líder" de una estructura de tráfico de influencias por la que tanto el expresidente como sus hijas habrían percibido cerca de dos millones de euros, y le imputa además haber dado la orden de constituir sociedades 'off-shore' fuera del territorio español.
La causa incorpora conversaciones de directivos y accionistas de la aerolínea Plus Ultra en un chat grupal denominado "PU", en el que se refieren al exmandatario como su "pana" en las gestiones para obtener el rescate aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia, y a Julio Martínez Martínez como el "lacayo" de Zapatero en esas supuestas actuaciones.
El auto también alude a otro chat, llamado "AR" y vinculado a Análisis Relevante. "José Luis Rodríguez Zapatero lleva a cabo participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante SL, tal y como se constata a través de un chat grupal, denominado 'AR", expone el juez.
La investigación de la Audiencia Nacional precisa que este chat "AR" fue creado por Sergio Sánchez "dos meses después de la constitución de la mercantil Análisis Relevante SL, en el que figuran como participantes Julio Martínez Martínez, Javier de Paz, Silvia de Paz, José Luis Rodríguez Zapatero y Sergio Sánchez Benítez".