El Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Santiago ha acordado el procesamiento del exdirector de El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, del exgerente Ángel Remesar, de sus esposas y del responsable de Asemali Inversiones por un presunto delito de alzamiento de bienes valorado en 2,7 millones, que se habría articulado mediante un entramado de sociedades para eludir el pago de las nóminas a la plantilla. Además, a Rey Novoa y a Remesar se les atribuye también un delito de apropiación indebida.
En un auto de procesamiento fechado el 20 de mayo de 2026, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada instructora Ana López-Suevos da por finalizadas las diligencias de investigación y otorga un plazo de 10 días al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que presenten sus escritos de acusación y, en su caso, pidan la apertura de juicio oral. Contra esta resolución cabe interponer recurso.
La jueza desgrana en 53 páginas los "indicios de criminalidad de bastante solidez" que aprecia, apoyándose en un extenso informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sobre un entramado empresarial diseñado para "asegurar que el dinero, que por distintos conceptos debería ser ingresado en las cuentas de la empresa Editorial Compostela --por entonces editora de la cabecera El Correo Gallego--, circulase por las distintas cuentas bancarias titularidad de la demás mercantiles pero también de las personas físicas denunciadas". De este modo, "de este modo se evitaba que las cuentas de Editorial Compostela tuviesen saldos que pudiesen ser objeto de embargos o medidas dirigidas a garantizar el cobro de los créditos por parte de los acreedores".
Según el auto, Rey Novoa y Remesar "podían con esta operativa decidir libremente qué pagos afrontaban". La causa se dirige igualmente contra las sociedades Editorial Compostela, Think First, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Asociación Agrupación Deportiva El Correo Gallego y Asemali Inversiones.
Situación de quiebra y préstamo público de 2,5 millones
El auto describe un escenario de "quiebra" de El Correo Gallego, "acelerada por la situación derivada por el covid", con una delicada situación financiera que ya se reconocía "en las actas del consejo de administración ya en el año 2018", "buscándose fórmulas de corto plazo para poder seguir recibiendo ingresos en especial de organismos públicos (campañas publicitarias de la Xunta, convenios, etcétera)".
La instructora subraya especialmente un aspecto: "Interesante observar cómo en ocasiones Rey Novoa hasta habla de 'voluntad política' para rebajar el peso de 'la mochila financiera' o 'movilizar toda su influencia' con el objetivo de conseguir el préstamo público de 2.500.000 euros concedido en el año 2018 por Xesgalicia/Igape en la reestructuración financiera que realizó con sus acreedores y que le permitió continuar su actividad de manera precaria". Abanca, principal acreedor, "renunció a más de 5.500.000 euros".
Dicho préstamo se destinaba a cancelar deudas con Hacienda y la Seguridad Social, "garantizando de esta manera el ingreso de diversos convenios como con RTVG". Todo ello mientras "se ampliaba la deuda con el personal cifrado en octubre de 2020 en 4.700.000 euros".
La mercantil editora, Editorial Compostela, "consiguió sobrevivir a través de préstamos (bancarios y particulares), lo cual no le impidió recibir múltiples embargos" y acabó en preconcurso en febrero de 2022. "Ni siquiera después de la reestructuración financiera se atendió con normalidad a los múltiples acreedores ni tampoco a la devolución del préstamos de Xesgalicia", señala la resolución.
En paralelo, un juzgado de lo mercantil de A Coruña declaró culpable en 2024 el concurso de Editorial Compostela y condenó a Rey Novoa a cinco años de inhabilitación para administrar bienes ajenos, al apreciar "cuentas irreales".
En noviembre de 2022, ese mismo juzgado autorizó la venta de Editorial Compostela a Prensa Ibérica --grupo de comunicación sin vínculo con esta causa y propietario de cabeceras como Faro de Vigo-- por 1,6 millones.
Operaciones "impropias" y unidad de caja
El relato judicial recoge que Rey Novoa intentó desprenderse de Editorial Compostela y Think First en los últimos meses de 2022, "no pudiendo llevarlo a cabo de manera definitiva".
El investigado recurrió a "operaciones cuanto menos impropias, pues en dos ocasiones vendió la mercantil para posteriormente readquirlirla" por importes simbólicos de un euro, operaciones realizadas con "personas con antecedentes por estafa o una mercantil sin presunta capacidad económica para asumir las deudas que arrastraban".
Entre otras prácticas, el auto menciona "la pignoración de derechos de cobranza futura en especial con CRTVG" o contratos de cesión de crédito. "Dado que Editorial Compostela tenía múltiples embargos, se entiende que era una manera de poder saldar deudas con acreedores y también de seguir operando en el tráfico mercantil sin las limitaciones de los embargos".
La investigación rastrea decenas de cuentas bancarias vinculadas a los encausados. En el caso del exdirector y de su esposa, se indica que "las cuentas de los investigados se confunden con las de las empresas". Además, con cargo a cuentas a las que tenía acceso la mujer de Remesar se adquirieron inmuebles en Cornes, en Santiago.
Un informe clave de la UDEF concluye que este entramado "se comportan como un grupo de empresas con unidad de caja", "de modo que los ingresos y los gastos relativos a la actividad de El Correo se reparten entre las diferentes cuentas de las cinco empresas que conforman el grupo", y que "movimientos también se producen en cuentas personales en las que participan los investigados".
En la práctica, las sociedades conforman una "única realidad", "siendo la separación formal una distinción artificiosa, con fines de elusión de responsabilidades", "tanto ante los organismos públicos como ante los propios trabajadores". El objetivo sería impedir que "sus cuentas tengan efectivo que pueda ser embargado por los organismos públicos acreedores", articulando "una distinción artificiosa de sujetos jurídico" para eludir pagos, especialmente con la Seguridad Social.
Editorial Compostela actuaba como la empresa operativa, titular de la marca y receptora de los ingresos publicitarios de El Correo, que se "esconden" para evitar hacer frente a las obligaciones. El resto de sociedades "nunca tuvieron trabajadores dados de alta".
En este marco, los abonos a la plantilla "eran decididos en cada momento por Rey Novoa y Remesar" y se efectuaban "de modo irregular", acumulando una "cuantía muy elevada". Pese a las demandas presentadas por los empleados, los intentos de cobro fracasaron porque los saldos de Editorial Compostela "se mantenían insuficientes", lo que obligó al Fogasa a intervenir ante la insolvencia.
Todo ello mientras Rey Novoa y Remesar continuaban percibiendo "elevados salarios". La jueza cifra el presunto alzamiento de bienes en 2,7 millones: un millón adeudado a los trabajadores y 1,7 millones pendientes con el Fogasa.
Nave para una serie de Netflix y obras de arte desaparecidas
El auto también recoge el supuesto uso del administrador de Asemali Inversiones como "testaferro" de Rey Novoa mediante el alquiler de una nave en un polígono industrial para el rodaje de una serie de Netflix, con el fin de que esos ingresos no llegasen a los acreedores.
Asimismo, la magistrada llama la atención sobre la desaparición de varias obras de arte que formaban parte de la colección ubicada en la nave de El Correo, entre ellas piezas de Antón Lamazares.