“Las 8 de Becerril”, nombre con el que se identifican las activistas de la Asamblea de Vivienda de Villalba procesadas por las protestas pro palestina durante La Vuelta Ciclista España de 2025 a su paso por Becerril de la Sierra, han reclamado que se cierre la investigación penal abierta contra ellas y han acusado al Gobierno de “hipocresía” por alentar el “boicot” mientras permite que se les procese.
Ante la sede de la Fiscalía General del Estado, en una comparecencia ante los medios este miércoles, tres de las ocho personas encausadas han presentado la campaña “Las 8 de Becerril”, impulsada desde la Asamblea de Vivienda de Villalba, junto a un ‘crowdfunding’ con el que aspiran a reunir “mínimo” 20.000 euros para sufragar los gastos derivados del procedimiento judicial.
El letrado que les representa, Diego Redondo, ha denunciado que esta causa pretende ser un “escarmiento” frente a las movilizaciones pro palestinas y ha advertido de que podría conllevar “importantes penas de prisión”. Ha precisado además que el próximo 21 de octubre deberán comparecer ante un juzgado de Collado Villalba, subrayando que rechazan “de manera rotunda” los hechos que se les atribuyen.
“Estamos preparados para lo peor y esperamos lo mejor”, ha manifestado Pablo González, detenido el pasado 13 de septiembre durante la penúltima etapa de La Vuelta Ciclista España.
González sostiene que su arresto fue arbitrario y que en el operativo la Guardia Civil hizo uso de la fuerza: “Me detuvieron a mí como podrían haber detenido a cualquier compañera. Tengo mi parte de lesiones y en la detención me aplastaron la cara contra la cuneta y me rompieron las gafas”.
Los encausados han recordado que las actuaciones se enmarcaron en el boicot al equipo Israel Premier Tech durante la ronda ciclista. En el transcurso de las protestas, dos activistas se descolgaron de un puente con una pancarta y “unas cien” personas interrumpieron el tráfico en la carretera.
Acusación de “juicio político” y defensa de la protesta
El abogado ha calificado el procedimiento como “un juicio político” y ha remarcado que no han sido ellos quienes lo han politizado, sino “un Estado hipócrita que anima al boicot y la movilización y luego encausa a activistas”, a los que se investiga por presuntos delitos de atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.
En la misma línea, las personas investigadas han cargado contra la “hipocresía” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “instó al boicot, pero solo al que él quería”, y han adelantado que, “dadas las circunstancias”, convertirán el juicio en un acto político.
Han insistido en que las protestas se desarrollaron de forma pacífica y han reivindicado que la “desobediencia civil” constituye una “herramienta en cualquier democracia”. Por ello, han pedido el sobreseimiento y archivo de la causa.
Daniel Canales, del área de investigación de Amnistía Internacional España, ha recalcado que “protestar no es un delito” y ha expresado su deseo de que “este procedimiento no tenga más recorrido”.
En relación con la ley aprobada en la Asamblea de Madrid que faculta a la Comunidad para ejercer la acusación particular en casos como los disturbios de La Vuelta de 2025, Redondo ha señalado que no tiene noticia de que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tenga “intención de personarse como acusación” y ha considerado que “las palabras solo fueron un titular político”.
En este sentido, ha advertido de que, si finalmente se implicara, “sería otra limitación más del derecho a la protesta”. “Sabemos lo que se hizo”, ha zanjado el abogado.