La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su respaldo a los nombramientos impulsados por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en el seno del Consejo Fiscal, después de la controversia generada por la propuesta al Gobierno de designar a María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid en sustitución de Almudena Lastra. Esta última preguntó al entonces jefe de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, si había filtrado datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
La propuesta fue formulada tras la reunión celebrada este pasado jueves por el Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La deslegitimación sistemática, la simplificación interesada o la proyección de sospechas sobre decisiones adoptadas conforme a derecho no fortalecen la independencia del Ministerio Fiscal, sino que la comprometen”, ha señalado la UPF en un comunicado difundido tras el encuentro.
Con este pronunciamiento, los fiscales progresistas han querido expresar su apoyo al criterio seguido por sus dos representantes en el Consejo Fiscal respecto a los últimos nombramientos, y al mismo tiempo poner en valor el “trabajo serio, riguroso y comprometido” que, subrayan, han venido realizando durante años en nombre de la UPF y de la carrera fiscal.
Críticas que crean una “imagen distorsionada” de la Fiscalía
“En los últimos días se han difundido valoraciones que, más allá de la legítima discrepancia, proyectan una imagen distorsionada de los procesos de provisión de plazas en el Ministerio Fiscal”, ha indicado la asociación, recordando que estos procedimientos se basan en los principios de mérito y capacidad y se desarrollan con plena sujeción a la legalidad, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal.
En esta línea, la UPF ha advertido de que su descalificación “global, mediante términos como ‘purgas’ o decisiones arbitrarias, no solo carece de fundamento, sino que afecta directamente al prestigio de la institución y a la consideración profesional de quienes la integran”.
“Es necesario partir de una premisa que con frecuencia se omite: todos los candidatos que concurren a estos procesos reúnen méritos suficientes”, ha remarcado la asociación, precisando que, precisamente por ello, la decisión no se limita a constatar quién cumple los requisitos, sino a determinar qué perfil se considera más adecuado para asumir unas funciones específicas.
Llamamiento a evitar simplificaciones y a respetar las trayectorias
En este contexto, la UPF subraya que resulta “relevante” huir de una simplificación que empobrece el debate público. Recuerda que, aunque la antigüedad en el escalafón es “un elemento a considerar no puede convertirse en el único criterio determinante”, ya que ello implicaría “desplazar el sentido mismo de los principios de mérito y capacidad”. “No se trata de negar su valor, sino de rechazar su absolutización”, ha puntualizado.
Por otro lado, respecto a las dudas vertidas sobre el peso de las trayectorias desarrolladas en órganos centrales de la Fiscalía, la asociación insiste en que históricamente ese desempeño se ha tenido por un factor de “relevancia”, tanto por la visión global de la institución que aporta como por las mayores exigencias técnicas y organizativas que conlleva.
“Negar ahora ese valor no solo supone una lectura parcial e interesada de la realidad, sino que difícilmente resistiría el contraste con la propia evolución de la carrera en distintos momentos y bajo fiscales generales de sensibilidades diversas”, ha señalado. Más allá de los casos concretos, la UPF advierte de que lo que “verdaderamente preocupa es la consolidación de un marco de interpretación en el que cualquier decisión que no se ajuste a una determinada expectativa es presentada como ilegitima”.
“Se configura así un relato previo, cerrado, que convierte en sospechosa cualquier resolución que no coincida con él”, ha añadido la organización, recalcando que este planteamiento “no solo desvirtúa el análisis, sino que proyecta hacia la ciudadanía una imagen reduccionista y distorsionada de la Fiscalía, ajena a su realidad plural y a la profesionalidad de quienes la integran”.
Asimismo, la UPF considera “especialmente inquietante que este tipo de planteamientos se vea reforzado, en ocasiones, por voces de la propia carrera, aun siendo conscientes de que no se ajusta a los hechos ni al modo en que tradicionalmente se han venido adoptando estas decisiones”.