Los primeros investigados que han comparecido ante el juez de Tarragona por el denominado 'caso Montoro' han decidido este martes no responder a las preguntas, amparándose en su derecho a no declarar mientras sigan sin resolverse diversos recursos, entre ellos los que ponen en duda la competencia del magistrado instructor.
Según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press, este argumento ha sido el utilizado por Eduardo Gil y Jacobina Escámez, antiguos responsables de la gasística Praxair, para negarse a declarar ante el juez Rubén Rus.
El juez instruye una causa en la que se analiza si existió una supuesta red de tratos de favor fiscales a compañías del sector del gas desde el Ministerio de Hacienda que encabezaba Cristóbal Montoro, también investigado, con la intervención del despacho Equipo Económico, fundado en su día por el exministro y del que se apartó cuando regresó a la política activa.
Varios de los investigados han presentado recursos ante la Audiencia Provincial de Tarragona al sostener que la instrucción debería trasladarse a los juzgados de Madrid, una pretensión que el juez ha rechazado, reafirmándose en su competencia territorial.
“En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones”, razonó en un auto.
Praxair figura entre las compañías señaladas en la investigación y cuyos representantes han sido citados a declarar. Su comparecencia está fijada para el 19 de junio, la misma jornada en que deberá hacerlo Air Liquide. La primera empresa llamada a acudir es Messer, el próximo 29 de mayo, mientras que Carburos Metálicos tiene citación para el 22 de junio.
En el procedimiento se investiga tanto a personas físicas como a sociedades por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.