Los tres empleados públicos del Ayuntamiento de Alicante a los que la magistrada que instruye la causa sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus había llamado a declarar como testigos no se han presentado este viernes en el juzgado.
Se trata de la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de esa misma área y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Los tres ya habían evitado acudir a la comisión municipal —de asistencia voluntaria— creada tras la polémica por este complejo residencial construido en suelo que era de titularidad municipal en Playa de San Juan.
En cambio, sí han acudido a declarar cuatro trabajadores de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, igualmente citados como testigos para esta segunda jornada de comparecencias, que, según fuentes conocedoras, han tenido un carácter principalmente técnico.
Los cuatro testigos de la administración autonómica son el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General.
En declaraciones a los medios, el abogado Eduardo García-Ontiveros, que ejerce la acusación popular en nombre de Ciudadanos, ha puesto en cuestión que la ausencia de los tres funcionarios municipales obedezca a un simple fallo burocrático. A su juicio, el juzgado habrá actuado "diligentemente" y "los habrá citado".
"Lo que está claro es que las personas, si no han venido, es porque esa citación del juzgado no les ha llegado personalmente a ellos", ha subrayado García-Ontiveros, que ha calificado estas incomparecencias como "lo más llamativo" de la vista de este viernes.
En la misma línea, el letrado de Ciudadanos ha apuntado: "A lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido de perder por los pasillos del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Eso es lo más reseñable".
Desde esta acusación popular pretendían interrogar a los técnicos municipales sobre el momento en que detectaron posibles irregularidades, si las comunicaron, a quién se las trasladaron, en qué fecha y mediante qué canal.
Sesión "bastante técnica" y citaciones municipales
En cuanto a las ausencias, Fernando Cazorla, abogado de la otra acusación popular, ejercida por el grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante, ha explicado ante la prensa que la notificación de las citaciones se habría realizado a través de la "plataforma municipal".
El representante legal del PSPV en este procedimiento ha recalcado que, en supuestos de este tipo, "normalmente se vuelve a hacer una segunda citación" y, si tampoco surte efecto, "se llama a la policía" para garantizar la comparecencia.
Sobre las declaraciones de los testigos de la Conselleria, Cazorla ha señalado que la sesión ha resultado "bastante técnica", dado que "solo" han comparecido técnicos de la administración autonómica "que tenían una intervención tangencial porque al final lo que hicieron fue la segunda revisión de los expedientes" una vez estalló la polémica. "Estos técnicos son los que colaboran, ayudan a los técnicos que vinieron anteriormente a declarar", ha indicado.
El letrado del grupo socialista ha insistido en que sus aportaciones se han centrado "prácticamente" en "ratificar" lo ya expuesto y considera que han sido "poco provechosas". Ha precisado que declararon de forma "individual" y "contando su propia participación, que básicamente fue la de repartirse" esos expedientes. También ha apuntado que los comparecientes de la Conselleria son "técnicos adjuntos" de quienes ya acudieron en la primera ronda de declaraciones.
Según Cazorla, una de las personas que ha declarado ha relatado que hubo una reunión de "puesta en común" y que el funcionario de la administración autonómica investigado en la causa —expedientado por la Generalitat por los visados— "solo admite haber comprado un piso" y no recuerda si la frase exacta fue "he comprado" o "mi mujer ha comprado".
Coincide además que una de las adjudicatarias de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese trabajador expedientado, quien, a su vez, ejerce como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
Tanto ese técnico de la administración autonómica como su pareja figuran entre las 15 personas citadas como investigadas: él para el 20 de mayo, como "jefe de la Sección de Vivienda Protegida", y ella para el 5 de junio, como beneficiaria. En la primera sesión, un responsable de Vivienda declaró ante la jueza que este funcionario le manifestó: "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades", según fuentes conocedoras.
"Tenemos un problema" con los expedientes
Por otro lado, García-Ontiveros ha recalcado que este viernes "han venido solo los técnicos y funcionarios de la Conselleria de Vivienda" que "simplemente se han ratificado en el informe que alguno de ellos hizo y apoyó a los testigos que vinieron hace un par de semanas".
El abogado de Ciudadanos ha explicado que preguntó a una de las personas que han declarado "qué ocurre cuando los propios técnicos requieren información y más documentación a los adjudicatarios para adquirir" este tipo de viviendas y "esta persona o estas personas hacen caso omiso y no entregan más documentación". "La respuesta ha sido taxativa: automáticamente el expediente decae", ha señalado.
En su opinión, podrían existir "varios responsables" que se saltaron "a la torera" esos trámites: "Hubo gente a la que se le requirió documentación, más documentación para ello, hicieron caso omiso y, aún así, fueron beneficiados con la adjudicación de una vivienda. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un problema".