El que fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, ha declarado ante la jueza que los protocolos de derivación de residentes de centros de mayores a hospitales durante la pandemia formaban parte de un plan de acción frente al coronavirus presentado por el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa celebrada el 12 de marzo de 2020 en la sede del Ejecutivo autonómico.
Junto a Mur, el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid había llamado a declarar esta mañana a su sustituto en el cargo, Francisco Javier Peromingo, y al responsable del Summa 112 en los peores momentos de la crisis sanitaria, Pablo Busca. No obstante, ninguno de los dos ha acudido al no haberse practicado correctamente la notificación judicial, por lo que sus declaraciones se han suspendido y se les ha vuelto a citar.
La magistrada instruye una querella presentada por una mujer cuya madre residía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola de la covid, en la primavera de 2020. En dicha querella se atribuye a los investigados la posible comisión de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias de mayores.
Al término de la comparecencia, la representante legal de la denunciante, la abogada Alejandra Jacinto, ha resaltado que Mur ha incorporado "elementos nuevos" respecto a lo que ya manifestó el pasado 26 de enero en otra causa, en la que negó ser el autor de esos protocolos.
Según ha relatado la letrada, el exalto cargo habría indicado a la jueza, mediante videoconferencia, que los presuntos protocolos discriminatorios ya figuraban en ese plan de acción anunciado públicamente por el máximo responsable de la Consejería de Sanidad en aquellas fechas.
A raíz de esta afirmación, la abogada ha avanzado que pedirán al juzgado que incorpore a la causa dicho plan, al tratarse de "una información que hasta ahora no se había brindado y que es un plan desconocido porque no se dispone de él".
En esta línea, ha recalcado que "La Consejería de Sanidad y en concreto Ruiz Escudero estaban al tanto de esos protocolos y estaba al tanto el señor Burgueño --el exasesor Antonio Burgueño--. Tanto es así que luego se incluyeron en el plan de acción que presentó el propio Ruiz Escudero el día 12".
Ese plan contemplaba medidas como la coordinación entre sanidad pública y privada, el incremento de camas de UCI, la puesta en marcha de dispositivos de seguimiento sanitario intermedio en hoteles y la "medicalización" de las residencias de mayores para que los contagiados recibieran allí la atención.
Advertencias sobre la medicalización de residencias
En relación con este último punto, Mur habría señalado a la instructora que el 20 de marzo de 2020 envió un correo electrónico al exconsejero de Sanidad en el que advertía de que la medicalización de las residencias resultaba "irrealizable".
La jueza también le ha interrogado sobre por qué no se trasladó a residentes a hospitales privados y si disponían de datos sobre las camas libres en esos centros. Mur ha respondido que "no sabía" y que "no tiene esa información".
La magistrada le ha preguntado igualmente cómo podía haber firmado un documento que asegura no haber redactado, después de reiterar que no fue el autor de los protocolos de derivación hospitalaria. Ha añadido que expresó su desacuerdo con "los criterios" porque podían "dar lugar a error y a interpretaciones de discriminación", tal y como, según ha recordado, había advertido también el exconsejero Alberto Reyero.
Mur ha apuntado que la persona que redactó el documento con las instrucciones concretas habría sido una doctora del Hospital Gregorio Marañón, y que posteriormente otra médica fue la encargada de revisarlo.
Ante este escenario, la abogada de la acusación ha anunciado: "Vamos a solicitar nuevas diligencias. Desde luego que se aporte ese plan de acción para ver si contemplaban esos protocolos y corroborar que efectivamente Ruiz Escudero lo sabía desde antes también. Vamos a pedir que se cite a declarar, no sabemos si como investigado o como testigo, a esas dos médicos".
Peromingo, Carlos Mur y Antonio Burgueño están nuevamente citados a declarar mañana como investigados en otra causa, esta vez en un juzgado de Collado Villalba, donde también se analiza si se produjo discriminación en la aplicación de los mencionados protocolos.
Situación procesal de los investigados
Hasta la fecha, Peromingo ha comparecido en dos ocasiones y Mur en otras dos. El tercer imputado, Pablo Busca, no ha llegado aún a declarar ante ningún juzgado, ya que sus citaciones se han ido posponiendo por motivos de salud.
El pasado 26 de enero, Mur declaró por videoconferencia desde Andorra, señalando a su sucesor, Javier Martínez Peromingo, y a una veintena de geriatras de enlace como responsables de la elaboración de esos protocolos.
La Audiencia Provincial de Madrid debe resolver todavía el recurso presentado contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3, que rechazó unificar en una sola causa los distintos procedimientos abiertos sobre lo ocurrido en las residencias.
Estos procedimientos analizan posibles delitos de discriminación sanitaria, y la resolución del recurso será determinante para saber si las investigaciones continúan de forma separada o si, por el contrario, se acumulan en un único proceso judicial.