QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En la Audiencia Nacional, el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, y sus siete hijos ha proseguido, centrado en las cuestiones previas planteadas por la defensa de Marta, Mireia, Oleguer y Pere Pujol Ferrusola. Su abogado, Pau Ferrer, ha refutado las acusaciones de blanqueo de capitales y asociación ilícita, solicitando la absolución debido a un supuesto menoscabo del derecho a la defensa por parte de la Fiscalía, que no especifica las transferencias a cuentas andorranas ni el origen del dinero, mencionado como ‘origen desconocido’.
Ferrer ha introducido como evidencia un reportaje de 1985 que implica al abuelo, Florenci Pujol, en la posesión de una fortuna de origen empresarial, y ha presentado declaraciones fiscales anteriores a la revalorización de 2014 para demostrar la falta de conocimientos financieros de los hermanos acusados, enfrentándose a penas de hasta 8 años de cárcel.
Posteriormente, las defensas de diez empresarios, acusados también de falsedad documental y blanqueo de capitales, han presentado sus argumentos. Entre ellos, destacan las alegaciones sobre la prescripción de los delitos y la falta de pruebas concretas en contra de sus defendidos, como en el caso del empresario mexicano Bernardo Domínguez Cerecedes, acusado de falsedad en documentos que, según su abogado Luis Jordana, no fueron emitidos por él.
Los abogados también han cuestionado la solidez de las acusaciones y la definición de los delitos imputados, argumentando en algunos casos la prescripción de los mismos y en otros la falta de relación con los hechos penalmente relevantes. El letrado Emilio Zegrí, representante de Carles Vilarrubí, ha enfatizado que su cliente no mantiene vínculos con la administración catalana, contrariamente a lo afirmado por la Fiscalía.
