QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En la segunda jornada del último proceso judicial contra la trama Gürtel, Pablo Crespo, quien ocupaba el segundo puesto en la jerarquía del grupo, manifestó en la Audiencia Nacional ser un “apestado social”, tras haber explicado su colaboración con Francisco Correa, líder de la organización.
Interrogado por la Fiscalía, Crespo indicó que no se proporcionaba información a otros acusados sobre el origen legítimo o ilegítimo de los bienes de Correa. “Ahora soy un apestado social, porque al fin y al cabo es la consecuencia de mis actos, pero antes no lo era”, afirmó Crespo, añadiendo que no revelaban a nadie que Correa había acumulado “una gran parte de su patrimonio de actividades ilícitas”. Según sus propias palabras, estas actividades incluían el cobro de “comisiones por adjudicación de obras públicas” y “el fraude a la Hacienda Pública”.
La presentación de Correa se centraba en su empresa de eventos y sus negocios inmobiliarios en Miami, según Crespo, lo que les permitía establecer conexiones con quienes hoy son juzgados como posibles cómplices en la ocultación de su patrimonio.
UNA “ACCIÓN A LA DESESPERADA”
Crespo relató un intento desesperado de Correa por obtener la residencia en Panamá y eludir así la fiscalización en España, describiéndolo como una “acción a la desesperada, intentando salvar un posible problema [con Hacienda] que se le venía encima”. “Era claramente una falsificación”, puntualizó.
Además, intentaron adquirir una residencia regular en Panamá, pero el depósito necesario, entre 250.000 y 300.000 dólares, fue considerado excesivo por Correa, quien “puso el grito en el cielo porque le parecía mucho dinero”.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 77 años de cárcel para Crespo y Correa, quienes ya han confesado en juicios previos. Se anticipa que podrían recibir una reducción de pena. Crespo ha aceptado su culpabilidad como “el máximo responsable, junto a Correa, de cuantos delitos se han relatado”, calificándolo de “obligación y un alivio”. Crespo decidió no usar su derecho a la última palabra y regresó a su asiento tras una declaración de casi cuatro horas.
El juez instructor, José De la Mata, ha indicado en un fallo que Correa “habría ocultado cantidades multimillonarias”, más de 30 millones de euros, mediante una estructura societaria y financiera compleja, sin declarar a Hacienda desde al menos 1999. De la Mata estimó que el fraude fiscal alcanzaría los 24,8 millones de euros entre los años 2000 y 2007, en concepto de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio.
