QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Fiscalía del Principado de Asturias ha pedido condenas que alcanzan los 25 años y 4 meses de cárcel para una pareja acusada de encerrar a sus tres hijos en su residencia de Fitoria, Oviedo, por casi cuatro años bajo cargos de violencia psíquica habitual y detención ilegal.
El escrito de conclusiones provisionales fue presentado por el Ministerio Fiscal ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, argumentando que los hechos ocurrieron desde diciembre de 2021 hasta el 28 de abril de 2025. Los padres, una madre estadounidense y un padre alemán, vivían en una casa unifamiliar con sus hijos menores, tras mudarse desde Alemania. El único empadronado era el padre, sin registro alguno de la madre o los niños en sistemas públicos como la educación o la Seguridad Social.
Durante este periodo, los padres dejaron de cumplir con sus deberes de protección hacia los niños, privándolos de educación, atención médica y socialización. Los menores fueron confinados en la vivienda, sin contacto con el exterior o terceros, y sin la posibilidad de ir siquiera al jardín, por temores infundados de contagio inculcados por los acusados. Los niños no fueron escolarizados en España y aprendían de manera autodidacta o con ayuda esporádica de sus padres. Dos de los tres menores, de 8 años cuando fueron encontrados, no sabían leer ni escribir.
La salud de los niños se vio comprometida, sin seguimiento médico desde 2019, siendo los propios acusados quienes trataban cualquier problema de salud que surgiera. La casa estaba en condiciones deplorables, con falta de higiene y acumulación de basura.
Los menores presentaban problemas físicos y al ser finalmente descubiertos, mostraron asombro por el mundo exterior. El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo decretó prisión provisional para los padres y suspendió su patria potestad, mientras que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar asumió la tutela de los menores.
Además de las penas de prisión, se solicita que los acusados indemnicen a los menores con 15.000 euros cada uno por daños morales, más intereses legales.
