Paz Esteban, exdirectora del CNI, testifica por videoconferencia en el caso Pegasus

Paz Esteban, quien fuera directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), comparecerá este lunes mediante videoconferencia frente al Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, acusada en el denominado ‘caso Pegasus’ por presunto espionaje a líderes independentistas, según fuentes judiciales citadas por Europa Press.

Esta será la segunda ocasión en que Esteban se presenta ante la justicia por alegaciones similares, recordando su intervención en enero de 2024 a través de videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, respaldada por abogados de la Abogacía del Estado, por la supuestamente infectada línea móvil de Pere Aragonès, ex presidente de la Generalitat.

En esta ocasión, responderá ante la magistrada que investiga si los dispositivos de Diana Riba, eurodiputada de ERC, y de Josep Maria Jové, presidente de ERC en el Parlament, también fueron comprometidos con el mismo software espía.

La imputación de Esteban fue ordenada por la Audiencia Provincial de Barcelona tras identificar “indicios” que apuntan a la posible implicación del CNI usando el software Pegasus, distribuido por la empresa NSO, que podría ser su único cliente en España, según el auto que Europa Press tuvo acceso.

La Audiencia también ha instruido a la juez a indagar sobre la posible “remisión de SMS maliciosos” a Josep María Jové, utilizando la infraestructura del CNI con autorización judicial previa.

IMPUTADA EN CUATRO CAUSAS

Tras ser destituida de la dirección del CNI por estos supuestos actos de vigilancia masiva a políticos, activistas y abogados relacionados con el movimiento independentista, Esteban enfrenta imputaciones en otros casos en distintos juzgados de Barcelona.

Se investiga su presunta participación en el uso del programa Pegasus contra Aragonès; el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, y el exdiputado de ERC, Jordi Solé.

Recientemente, el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona ha procesado una querella contra exdirectores de la Guardia Civil y varias empresas tecnológicas por delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos, marcando la primera vez que se indaga el supuesto rol del cuerpo armado en este tipo de espionaje.