La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, defendió este martes que la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que de aprobarse trasladará la instrucción penal a los fiscales en lugar de a los jueces como sucede en la actualidad, constituye una “reivindicación histórica de la Fiscalía”: “El fiscal tiene que investigar y el juez, juzgar”.
Durante la inauguración de una jornada de análisis sobre la reforma de la LECrim en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, Peramato destacó que “El hecho de que los fiscales lleven la investigación y que los jueces cumplan la función que les atribuye la Constitución de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado es una reivindicación histórica de la mayor parte de los juristas”.
La fiscal general subrayó la urgencia de actualizar el modelo procesal porque “las costuras del sistema judicial actual ya no aguantan más”, calificando como “un hito fundamental” que el proyecto haya llegado al Congreso tras los intentos fallidos de distintos gobiernos.
En su opinión, el nuevo texto pretende dar respuesta “a las necesidades de una sociedad mucho más dinámica y más compleja”, propia del siglo XXI. “No podemos anclarnos en el siglo XIX”, advirtió, reclamando un esquema procesal que “coloque” y “reequilibre” el papel de fiscales y jueces.
Peramato reiteró que “el fiscal tiene que estar en la investigación” mientras que los jueces deben centrarse en “juzgando, ejecutando lo juzgado o siendo jueces de garantía”.
Reclamo de independencia y recursos para la Fiscalía
En otro momento de su intervención, la fiscal general sostuvo que el Ministerio Público debe ser garante del principio de igualdad y “no el poder”, y enfatizó que el máximo responsable de la Fiscalía “obra con total independencia respecto al Gobierno”, sin que pueda ser nombrado o cesado “a capricho” del Ejecutivo.
También reivindicó la organización interna del Ministerio Público, resaltando el “trabajo en equipo” tanto dentro de la institución como con otros organismos implicados “en las investigaciones de las formas de delincuencia más graves”.
Asimismo, puso el foco en “la especialización” del Ministerio Fiscal, que a su juicio permite afrontar las investigaciones “de manera eficaz” y con mayor “agilidad”.
Peramato denunció la ausencia de autonomía “reglamentaria, organizativa, formativa y digital” de la Fiscalía y, de forma particular, la falta de “autonomía presupuestaria”. Recalcó que son necesarios “recursos propios y la posibilidad de gestionarlos” porque, como indicó, las instituciones “solo pueden funcionar con verdadera autonomía si tienen su propio presupuesto”.
García Ortiz alerta de un “error de Estado” si no se reforma la LECrim
Desde el público, el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz advirtió de que sería “un error de Estado” renunciar a la reforma de la LECrim y, coincidiendo con Peramato, recordó que “las costuras del sistema están a punto de reventar”.
García Ortiz explicó que la Fiscalía aspira a “ver el material probatorio en primera línea y participar en la instrucción todo lo que se pueda”, subrayando que en España conviven “dos sistemas antagónicos” porque la Fiscalía Europea sí dispone de facultades de instrucción.
Rechazó que la situación actual se deba a desinterés o falta de esfuerzo por parte de los fiscales: “No es vaguería, no es ausencia, no es falta de capacidad, no es desdén, como muchas veces parece que se proyecta en la opinión pública. Es una imposibilidad física, es una imposibilidad de agendas, es imposible”.
El ex fiscal general, que dejó el cargo el pasado noviembre tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo que este escenario genera “tristeza muchas veces” entre los fiscales y “insatisfacción a las víctimas y a la opinión pública”.