QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular ha instado al magistrado encargado del caso de la exsocialista Leire Díez a que convoque a Gaspar Zarrías, antiguo vicepresidente de la Junta de Andalucía, como investigado por supuestamente haber contratado a Díez con el propósito de financiar actividades que podrían ser delictivas.
Según un documento obtenido por Europa Press, el partido ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid que impute a Zarrías en esta investigación, que se centra en los posibles favores de Díez a cambio de datos comprometedores sobre miembros destacados de la Guardia Civil y la Fiscalía.
Desde el PP se acusa a la empresa Zaño Sociedad Consultora, gestionada por Zarrías y estrechamente vinculada al PSOE, de haber jugado un papel crucial y activo en los hechos investigados, financiando las supuestas actividades ilícitas.
La contratación de Díez por esta consultora, entre junio y octubre de 2024, y las actividades presuntamente delictivas que ella realizaba mientras recibía un salario por servicios no verificados, han llevado al PP a subrayar la coincidencia en los tiempos entre su contratación y las conductas investigadas.
Para aclarar los hechos, el PP ve esencial no solo la declaración de Zarrías, sino también la obtención de la vida laboral de Díez, el registro del domicilio social de la empresa, y la revisión de correos electrónicos pertinentes, incluyendo posibles comunicaciones entre la consultora y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.
Además, el PP ha solicitado que el empresario José Ruz testifique, imputado en otro caso, por un pago de 36.000 euros en 2022 a la consultora, cuyo propósito aún no se ha esclarecido.
El juez Arturo Zamarriego lidera la investigación contra Díez, que enfrenta acusaciones de cohecho y tráfico de influencias, con su declaración programada para el 11 de noviembre. Varios procesos legales se han unificado en su contra tras la difusión de audios donde Díez parece buscar información comprometedora contra figuras clave de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, una tarea que ella atribuye a su labor como periodista para un libro sobre las supuestas cloacas del Estado.
