El presidente de la Abogacía, Salvador González, insistió hoy en la necesidad de reforzar la protección de los abogados, en particular en aquellos países donde su labor profesional se desarrolla bajo presiones, intimidaciones y amenazas constantes.
Durante la apertura de la XIII edición del Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española, que este año se celebra bajo el lema “En defensa de quienes defienden”, González recalcó que “defender a quienes nos defienden no es opcional”, sino “obligatorio y urgente”.
El presidente subrayó que “no es solo un lema. Es una urgencia, es una causa, es justicia. En demasiados países, ejercer la abogacía se ha convertido en un acto de valentía. Intimidaciones, vigilancia, censura, criminalización: a esto se enfrentan quienes defienden derechos humanos”.
En el acto inaugural intervino igualmente el abogado general del Estado, David Vila, quien puso el acento en la “necesidad de proteger la función del abogado” y aludió a los “diferentes métodos de ejercer presión sobre un abogado” que se observan en distintos contextos.
González destacó que en este 2025 la Abogacía ha logrado dos avances relevantes tras años de trabajo. Por un lado, la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que “refuerza las garantías para el ejercicio libre e independiente de la abogacía”. Y, por otro, la aprobación por parte del Consejo de Europa del Convenio para la Protección de la Abogacía, que por primera vez fija un marco internacional jurídicamente vinculante para salvaguardar a los profesionales del Derecho.
Respecto a este Convenio, recordó que España aún no lo ha ratificado y expresó su esperanza de que lo haga en breve, “como se comprometió el ministro de Justicia”.
Herramientas legales y defensa del ejercicio profesional
Las herramientas nacionales e internacionales destinadas a blindar la abogacía centraron la primera mesa redonda del Congreso, en la que participaron la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Noemí Alarcón; la fiscal Escarlata Gutiérrez y el abogado del Estado, Luis Gonzaga. Este último incidió en la relevancia de preservar el derecho de defensa y de potenciar la especialización de los abogados.
Alarcón explicó que el Convenio del Consejo de Europa persigue “garantizar la independencia y autonomía de la abogacía”, y advirtió de que incluso en países como España “se producen injerencias y presiones; a veces hay prácticas que pueden inferir en el ejercicio práctico de nuestra profesión y debilitan al Estado de derecho”.
Por su parte, Gutiérrez remarcó la trascendencia de contar con una “abogacía independiente y libre de injerencias del poder público, con organizaciones colegiales que protejan a los colegiados”. “Es importante blindar la independencia de una profesión tan esencial para la democracia y el Estado de derecho”, añadió.
Abogados en entornos de riesgo y defensa de los derechos humanos
Esta edición del Congreso centrará su atención en la necesidad de garantizar un ejercicio libre y seguro para todos los abogados, con especial énfasis en aquellos que desarrollan su trabajo en contextos hostiles donde su práctica profesional se ve amenazada. Sobre estas realidades se debatirá en una mesa redonda con la abogada ecuato-guineana Gema Jones, la abogada palestina Sahar Francis y el abogado saharaui Hali M’hamed.
González recordó que “cuando un profesional de la abogacía es silenciado, no solo se vulnera su derecho, se vulnera el derecho de toda la sociedad a la justicia”.
El Congreso se configura así como un foro clave para analizar, visibilizar y promover acciones en torno a la protección de la abogacía que defiende los derechos humanos, poniendo de relieve el compromiso de la Abogacía Española con la defensa de la defensa.