QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asociación de Fiscales (AF), predominante entre los fiscales, ha reiterado el martes que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, necesitaba retirarse «antes» de que el Tribunal Supremo decidiera iniciar un juicio en su contra, una medida que consideraron «previsible» debido a los «indicios» en su contra.
«Parece que no está en su voluntad dimitir en ningún momento del procedimiento, aunque consideramos que debió haber dimitido antes», comunicó la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en declaraciones a Europa Press.
Esta declaración se produce después que el juez Ángel Hurtado decidió procesar a García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos hacia Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El juez instructor ha pedido una fianza de 150.000 euros para García Ortiz, pero se ha negado a suspenderlo de su cargo, tal como solicitó la acusación popular representada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Dexeus afirmó que «era previsible» que «se acordara la apertura de juicio oral contra García Ortiz» tras «la valoración de que existen indicios de criminalidad realizada por el juez instructor y confirmada por la Sala de Apelación».
LA VISIÓN DE LOS JUECES
Por otro lado, representantes de la carrera judicial, como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han comentado también a esta agencia de noticias que iniciar un juicio oral al fiscal general es un evento «insólito» que «daña el prestigio de la institución».
El portavoz de AJFV, Sergio Oliva, destacó que el auto de apertura de juicio oral ofrece «una imagen nunca vista en democracia, un fiscal general del estado sentado en el banquillo de los acusados».
«Y con pleno respeto a la presunción de inocencia, tenemos que decir que esa imagen daña de forma terrible el prestigio de la institución», agregó.
El presidente de FJI, Fernando Portillo, calificó la resolución como «ya esperada», un paso procesal previsto por la ley y que «no depara sorpresa alguna», pero recalca que es una «insólita situación».
«Básicamente, que se va a sentar en el banquillo una persona como el fiscal general y por importantes presuntos delitos», señaló, criticando que si sigue en su puesto al ser juzgado, se producirá una «duplicidad que es mala para la imagen de la institución y la apariencia de imparcialidad de los fiscales que tiene que decidir si acusar o no».
