La Audiencia Provincial de Soria ha impuesto una pena de un año y tres meses de prisión a un hombre que en junio de 2023 asestó dos puñetazos al alcalde de Soria y actual aspirante del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. La resolución judicial le considera autor de un delito de atentado a la autoridad y le fija además una multa de siete meses, con una cuota diaria de 15 euros.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar una indemnización de 240 euros al regidor soriano, de acuerdo con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que puede ser objeto de recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Los hechos se produjeron el 11 de junio de 2023, durante la noche del Lavalenguas, cuando el agresor, con la intención de atentar contra el principio de autoridad y la integridad física del alcalde, se lanzó contra él mientras le insultaba con las expresiones “prevaricador, hijo de puta”, y le propinó un golpe en la zona maxilar, seguido de un segundo puñetazo que no llegó a alcanzarle. El hombre, que carece de antecedentes penales, se encontraba bajo los efectos del alcohol.
A raíz del ataque, no fue preciso que el alcalde recibiera asistencia médica, aunque padeció un traumatismo superficial que tardó seis días en sanar.
Martínez manifestó que no conocía de nada a su agresor y que todo sucedió en cuestión de segundos, sin margen para reaccionar. Tras los dos puñetazos, el acusado se encerró en el cuarto de baño, hasta que el personal del establecimiento donde ocurrieron los hechos logró que abandonara el local por la puerta trasera para evitar incidentes mayores.
Los testigos de la acusación identificaron al procesado en el juicio sin ninguna duda. El acusado afirmó que no recordaba lo sucedido ni siquiera haber estado en el bar donde tuvo lugar la agresión, debido al consumo de alcohol en Valonsadero, y aseguró igualmente que no conocía al alcalde.
La resolución judicial absuelve al procesado del delito de injurias que también se le atribuía, al entender que los insultos proferidos durante la agresión quedan absorbidos por el delito más grave de atentado a la autoridad, al que se vinculan los 15 meses de prisión impuestos.