QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado completamente la sentencia contra el antiguo responsable del Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia y cuatro implicados más.
Los delitos imputados incluyen falsificación en documento oficial, estafa, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas y divulgación de secretos confidenciales.
Para el principal acusado, se mantiene una pena de cuatro años y un mes de cárcel, dos multas que alcanzan los 2.880 euros y seis años y tres meses de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, además de la pérdida permanente de su estatus de funcionario. La sentencia también sostiene las penas para los demás implicados, quienes formaron parte de una trama que recibió pagos de empresarios a cambio de gestiones urbanísticas ficticias o supuestas asignaciones de obras públicas, informaron desde el TSJMU mediante comunicado de prensa.
Las condenas se pronunciaron después de que todos los acusados admitieran los hechos, quienes “libre, consciente y voluntariamente, debidamente asistidos por sus defensas, han señalado estar conformes con los hechos que sustentan el relato fáctico acusatorio”, se afirma en el fallo.
De acuerdo con la descripción de los hechos, el funcionario usó su posición y oficina en la Consejería de Fomento para la “captación de clientes” y ofreció influencias inexistentes, llegando a emitir “mendaces certificaciones” con el sello de la Consejería de Presidencia y Fomento y firmadas por un supuesto funcionario inexistente de la CARM. “Ante tal escenificación engañosa y aparente, los empresarios particulares entregaban las distintas cantidades de dinero que les solicitaban confiados en la futura gestión y encargo propuesto”, añade el documento.
Junto a él, otros cuatro fueron sentenciados: uno, colaborador en las gestiones y cobros ilícitos, a cinco años y tres meses de prisión por estafa, falsedad y tráfico de influencias; otro, intermediario en algunas operaciones, a seis meses de prisión por tráfico de influencias; un tercero, empresario que se benefició de información privilegiada, a un año de cárcel por uso indebido de información; y un cuarto, funcionario, a penas de quince meses de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación especial por actividades prohibidas y negociaciones incompatibles con su cargo.
El recurso de apelación fue presentado por el considerado colaborador en las gestiones y cobros, que reclamaba que la pena impuesta superaba lo acordado. Sin embargo, la Sala aclara que no hubo una conformidad total en términos procesales, sino un juicio en el que todos los acusados reconocieron los hechos, pero las penas se establecieron tras la evaluación de las pruebas y las conclusiones finales del Ministerio Fiscal.
“No hay desviación alguna entre las penas interesadas y las finalmente impuestas”, ya que se dictaron conforme al reconocimiento de hechos realizado por los acusados y a las conclusiones finales del Ministerio Fiscal, que solo aplicó la atenuante de reparación del daño al principal acusado, detalla el fallo.
INDEMNIZACIONES Y DECOMISO
El fallo también confirma las indemnizaciones y responsabilidades civiles establecidas por la Audiencia Provincial.
El exjefe jurídico y su colaborador deberán pagar de manera conjunta y solidaria más de 43.000 euros a los afectados por las gestiones simuladas, además de hacerse cargo del decomiso de diversas sumas, que ascienden a más de 30.000 euros, obtenidas de forma ilícita en otros episodios del caso. El funcionario, además, deberá indemnizar individualmente con 10.000 euros por los daños causados en el desempeño de su función pública.
El Tribunal concluye que la sentencia “responde y se ajusta a los presupuestos fácticos y jurídicos señalados” y ratifica todas las condenas impuestas.
La decisión no es definitiva y puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
