QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La magistrada Inmaculada Iglesias ha desestimado la solicitud de Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, que buscaba eludir un juicio por la supuesta implicación en dos delitos fiscales y uno de falsedad documental durante los años 2020 y 2021.
Según un auto al que Europa Press tuvo acceso, la jueza rechazó el recurso presentado contra la decisión de procesar al empresario a finales de mayo. Ahora se espera la emisión del auto de apertura de juicio oral, necesario antes de la celebración del juicio si las partes lo solicitan en el proceso judicial.
DENUNCIA DE LA FISCALÍA
El origen de estas diligencias es una denuncia del Ministerio Fiscal, centrada en presuntos delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
El 24 de febrero, González Amador optó por no declarar ante la magistrada, siguiendo el consejo de sus abogados, a la espera de una resolución sobre el recurso pendiente de la apertura de una pieza separada. Una semana después, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la investigación de otros delitos penales distintos a los ya instruidos en la causa principal. Durante su declaración, González Amador justificó los ingresos recibidos de Quirón Prevención y negó ocultarlos mediante una supuesta sociedad instrumental para evadir impuestos.
La acusación de la Fiscalía se basa en un informe de la Agencia Tributaria que apunta a «gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades», los cuales no se corresponden con servicios realmente prestados, con el objetivo de reducir la cantidad debida al erario público por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
En 2022, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, que reveló ciertos datos e indicios de posibles delitos fiscales relacionados con el Impuesto Sobre Sociedades de esos años, estimando un fraude tributario superior a 120.000 euros y un posible delito de falsedad documental por facturas no acordes a servicios reales, presentadas para disminuir la cuota tributaria.
