Alerta Solidària ha reclamado la aplicación de la Ley de Amnistía para los 18 encausados por el boicot a un homenaje al escritor Miguel de Cervantes celebrado en 2018 en el Aula Magna de la Universitat de Barcelona (UB), en un procedimiento promovido por Societat Civil Catalana. La Fiscalía, en cambio, mantiene su petición de dos años y medio de cárcel para cada uno de ellos.
La defensa ha planteado esta solicitud durante el turno de cuestiones previas del juicio, que ha arrancado este lunes en la Ciutat de la Justícia de Barcelona. El magistrado ha avanzado que la decisión sobre la amnistía no se tomará de inmediato, sino que se pronunciará al respecto en la sentencia.
La Fiscal Delegada contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que reclama para cada acusado 2 años y medio de prisión y una multa de 6.500 euros por delitos de coacciones y contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales con la agravante de discriminación por motivos ideológicos, se ha opuesto frontalmente a la aplicación de la amnistía.
Concentración de apoyo ante la Ciutat de la Justícia
A las puertas de la Ciutat de la Justícia se han reunido cerca de un centenar de personas en respaldo de los procesados. La portavoz de Alerta Solidària, Berta Ferrer, ha subrayado que "no hay ni daños ni ninguna denuncia por lesiones por parte de nadie, es una denuncia que solo afecta a manifestantes antifascistas e independentistas".
Ferrer ha criticado que se les impute la agravante de discriminación ideológica y ha calificado las peticiones de condena de "absolutamente desproporcionadas". Ha recordado, además, que ya en 2023 solicitaron la amnistía y que entonces se les denegó a instancias de la Fiscalía.
Según la portavoz, los hechos se produjeron en pleno auge del independentismo y en ese contexto Societat Civil Catalana organizó un acto en la UB, "una institución que siempre se ha caracterizado por su carácter catalanista y sus estudiantes como defensores del catalanismo, del independentismo y de la lucha antifascista, en Barcelona, bastión de la lucha antifranquista".
En respuesta a esa convocatoria, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Coordinadora Obrera Sindical y los Comités de Defensa de la República (CDR) llamaron a concentrarse contra la proyección de un documental que, según Alerta Solidària, era "claramente españolista y fascista".
La versión de Societat Civil Catalana
El presidente de Societat Civil Catalana, Álex Ramos, ha defendido ante la Ciutat de la Justícia que se trataba de un acto cultural en homenaje a Miguel de Cervantes, con la participación del hispanista francés Jean Canavaggio y de su esposa, que "se quedaron muy sorprendidos del boicot que produjeron una serie de intolerantes".
Ramos sostiene que el evento tuvo que suspenderse porque el rector de la UB no pudo garantizar la seguridad y que abandonaron el recinto sin incidentes, pero que a la salida fueron objeto de un boicot violento por parte de unas 40 personas. A su juicio, "No puede haber impunidad con un acto violento de personas intolerantes y de personas totalitarias".
También ha reprochado que los acusados no hayan pedido perdón ni asumido la gravedad de lo sucedido: "Estamos contentos de estar en la Ciutat de la Justícia y de que se haga justicia, para que esta gente entienda que no se puede ir por la vida de esta manera".
Ramos ha concluido que "Que quede muy claro que Societat Civil Catalana no va a permitir ningún acto de intolerantes totalitarios que mediante la violencia y el boicot impiden una celebración de un acto cultural".