La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto celebrar juicio los días miércoles y jueves, 7 y 8 de enero, contra seis personas --O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L. y J.A.F.M.--, a las que se les atribuye haber traído desde Colombia a España a siete personas con el objetivo de explotarlas sexualmente. La vista oral ya fue señalada en septiembre, pero entonces tuvo que suspenderse.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, O.O.O.R. y A.K.P.N., que mantenían una relación sentimental similar a la matrimonial, se desplazaron a Toledo para poner en marcha el plan.
Según el Ministerio Público, ambos, junto con los también acusados J.J.R. y G.A.O.G. --hermanos de O.O.O.R.--, habrían organizado un sistema para obtener un beneficio económico ilícito mediante la prostitución de mujeres, en su mayoría jóvenes, procedentes de la localidad colombiana de La Virginia, municipio de origen de O.O.O.R. y de sus dos hermanos.
En ejecución de ese plan, en una fecha no concretada del mes de mayo de 2019 y conforme al reparto de tareas fijado por O.O.O.R., J.J.R., que entonces residía en La Virginia, contactó con una amiga suya llamada B. para ofrecerle viajar a España y ejercer la prostitución en la vivienda de Toledo de la que disponía O.O.O.R., como vía para aliviar la difícil situación económica que atravesaban ella y su familia.
La propuesta aceptada por B. incluía que los acusados adelantaran los gastos del viaje: tramitación del pasaporte, billetes de avión de ida y vuelta entre Colombia y España, reserva de hotel a la llegada y la entrega de 1.000 euros en efectivo como viático, con el fin de aparentar que contaba con recursos económicos suficientes para entrar en territorio español.
A cambio, los acusados impusieron a B. una carga económica, que denominaron de forma impropia deuda, consistente en la obligación de abonar 3.000 euros a O.O.O.R. una vez en España, con el dinero obtenido de su actividad como prostituta, una suma muy superior al coste real de los pasajes y demás desembolsos.
El mismo proceder se habría repetido, según la Fiscalía, con otras mujeres identificadas como B., C., D., E., G., H., J. y L., algunas de las cuales tuvieron que acceder a España a través de Francia y Alemania para sortear los controles fronterizos del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Todas ellas acabaron ejerciendo la prostitución tanto en el piso de Toledo como en otros municipios como Parla, Cuenca, Albacete o Algeciras.
Las víctimas recibieron instrucciones precisas sobre la forma de anunciar sus servicios sexuales para generar ingresos con los que hacer frente no solo a la supuesta deuda con O.O.O.R., sino también al pago del alojamiento en el piso, fijado unilateralmente por este acusado en 150 euros semanales, cuantía considerada por la Fiscalía como “excesiva y desproporcionada”.
Además, las mujeres debían enviar desde locutorios distintas cantidades de dinero siguiendo las indicaciones de los acusados.
Paralelamente, el grupo, siempre según el relato fiscal, obtenía otra fuente importante de ingresos mediante la venta de cocaína a los clientes que la solicitaban durante los encuentros sexuales.
Para ello, O.O.O.R. mantenía un abastecimiento estable de esta sustancia estupefaciente y se ocupaba de que en cada una de las viviendas vinculadas a la organización hubiera existencias suficientes.
La denuncia que destapó el caso
El 8 de diciembre de 2019, B. acudió por iniciativa propia y sin apoyo de personas de referencia a la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo para denunciar la situación que venía soportando hasta ese momento. Fue atendida por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.
Tras una entrevista reservada y al considerar verosímil su testimonio, los agentes le tomaron declaración formal, protegieron su identidad mediante una clave como testigo protegido y le ofrecieron asistencia, gestionando su acogida en un recurso residencial dependiente del Centro de la Mujer de Toledo. Desde allí fue derivada al Centro de Atención y Valoración Integral, donde ingresó el 9 de diciembre de 2019, iniciándose así una investigación policial que desembocó en las presentes diligencias.
El 10 de marzo de 2020, a primera hora, y en virtud de una resolución judicial motivada dictada por el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Toledo, se llevó a cabo un registro en la vivienda donde en ese momento se encontraban la acusada G.A.O.G., su hijo L. y otras dos mujeres.
Al percatarse de la presencia policial, G.A.O.G. se dirigió rápidamente a uno de los baños de la casa y se encerró con la intención de deshacerse, arrojándolas al inodoro, de las dosis de cocaína que guardaba en su habitación y que estaban destinadas, según la Fiscalía, a su distribución entre los clientes consumidores, en ejecución del plan diseñado por su hermano O.O.O.R..
No obstante, una de las dosis quedó flotando en el inodoro y otra cayó al suelo, circunstancias que detectó una de las agentes participantes en el registro. Ambas fueron recogidas y analizadas, determinándose que contenían en conjunto 0,85 gramos de cocaína.
En la habitación de G.A.O.G. se localizó además otra dosis preparada de forma similar, con 0,28 gramos de cocaína, una báscula de precisión y 155 euros en billetes.
Casi al mismo tiempo se efectuó otro registro en la vivienda que constituía la residencia habitual de O.O.O.R., A.K.P.N. y J.J.R., donde también se encontraban en ese momento H. y la acusada L.M.M.L.
En este domicilio se intervino, entre otros efectos, una bolsa en un mueble del dormitorio de O.O.O.R. y su pareja, que contenía 131,53 gramos de cocaína, además de otra bolsa con recortes de plástico blanco para preparar dosis individuales y 1.760 euros en efectivo.
También se registró una vivienda en Algeciras, donde se incautó como elemento destacado una balanza de precisión idéntica a la hallada en el piso de Toledo.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso medial con un delito de explotación lucrativa de la prostitución ajena; un año por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; y cuatro años y seis meses por un delito contra la salud pública.
El Ministerio Público considera a todos los procesados coautores de la totalidad de los delitos imputados.