En 2022, en Totana, Murcia, un joven de 19 años fue condenado a 22 años de cárcel por el asesinato de su expareja, una adolescente de 17 años, a quien atacó con 79 puñaladas. Esta pena es tres años inferior a la solicitada inicialmente por el Ministerio Fiscal y el abogado de la acusación particular. El crimen, considerado como consumado con ensañamiento y alevosía, también fue juzgado bajo la agravante de género, aunque no se aceptó la circunstancia mixta de parentesco.
El acuerdo alcanzado entre las partes incluye, además de la pena de prisión, una libertad vigilada de hasta 10 años tras cumplir la condena, la obligación de notificar cualquier cambio de residencia o empleo y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de los familiares de la víctima. El acusado, que no tenía antecedentes penales, deberá indemnizar económicamente a los padres y hermanos de la víctima y participar en programas contra la violencia de género.
El juicio comenzó con la selección del jurado, pero no procedió tras la aceptación del acusado de los cargos en un acuerdo de conformidad. Raúl Pardo-Geijo, abogado de la familia de la menor, confirmó la renuncia a las costas por parte de la acusación particular tras la conformidad del acusado, quien simplemente afirmó estar de acuerdo con los cargos, renunciando a cualquier objeción.
El relato de los hechos revela un contexto de control y dominación por parte del acusado hacia la víctima, marcado por celos y manipulación. El asesinato fue premeditado, ejecutado en un lugar aislado para asegurar la indefensión de la joven, y culminó con el acusado intentando encubrir el crimen antes de ser detenido por la Guardia Civil.