Un varón de mediana edad se ha sentado este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo acusado de haber agredido sexualmente en varias ocasiones a una menor de 5 años, hija de unos amigos, en la localidad de Monforte. El Ministerio Fiscal reclama para él una condena de cinco años y seis meses de cárcel y una indemnización de 25.000 euros, mientras que la acusación particular eleva la petición a 6 años de prisión y 35.000 euros.
De acuerdo con el relato de las acusaciones, los hechos se sitúan en 2022, cuando la niña, que entonces tenía cinco años, señaló al procesado, amigo de sus progenitores, como autor de diversos tocamientos en sus genitales. Presuntamente, la obligaba a tocarle el pene y se masturbaba delante de ella, además de realizar otros actos de carácter sexual explícito, sin que llegara a producirse penetración. Esta conducta se habría repetido en varias ocasiones.
La Fiscalía interesa para el acusado, de nacionalidad colombiana y en situación irregular en España al encontrarse sin empleo, una pena de 5 años y seis meses de prisión, junto con la prohibición de aproximarse a la víctima durante diez años y el mismo periodo de libertad vigilada. Asimismo, solicita que, una vez cumplida más de la mitad de la condena, sea expulsado del territorio nacional y se le impida regresar durante ocho años.
La acusación particular reclama una pena de seis años de prisión y aumenta hasta 35.000 euros la cuantía de la indemnización para la menor. La niña no tuvo que declarar en sala, al admitirse como válida la prueba preconstituida, basada en la grabación de la entrevista mantenida con las psicólogas.
La defensa, que sostiene que los hechos no sucedieron, planteó la nulidad de la causa al considerar que durante la fase de instrucción no se tomó declaración formal al acusado y se le impidió “dar su versión de los hechos”, algo que califica como una “clara vulneración del sistema penal”.
Frente a este argumento, tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido que no se produjo indefensión, puesto que el procesado estuvo informado en todo momento del procedimiento seguido contra él y el letrado defensor no advirtió durante la instrucción de la falta de ese trámite.