Solicitud judicial a un ejecutivo de Google para entregar correos vinculados a Begoña Gómez y su asesora

El magistrado encargado del caso de Begoña Gómez ha requerido a Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto en Google, que entregue los correos electrónicos intercambiados con la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, Cristina Álvarez, los cuales podrían contener información sobre el ‘software’ de la cátedra de Transformación Social Competitiva, según mencionó en su declaración judicial.

En una resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al directivo la entrega de dichos correos electrónicos y ‘así como los documentos que manifestó que podrían ser útiles a la investigación’. Esta medida responde a una petición de Hazte Oír, que representa a las acusaciones populares en este caso.

Además, el juez ha pedido a las compañías colaboradoras en el proyecto de la cátedra, incluyendo a Deloitte, Mindsait (Indra), Telefónica, Google, FLAT101 y Devoteam, que proporcionen los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales del software.

PIDE TAMBIÉN ‘EMAILS’ A LA UCM

El magistrado también ha requerido a la Universidad Complutense de Madrid que facilite los correos alojados en una cuenta asociada con la cátedra y envíen su contenido. Asimismo, ha solicitado a la empresa Arys Internet documentos relacionados con el registro de la plataforma.

Este mes, las acusaciones populares han instado al juez a realizar una serie de diligencias para ‘con objeto de poder averiguar los hechos y las circunstancias’ que envuelven el caso ‘a fin de posibilitar la debida concreción del eventual escrito de acusación y poder preparar el eventual juicio oral’.

Estas diligencias buscan determinar si, como alega Hazte Oír en su querella, Gómez se hizo indebidamente con el ‘software’ de la cátedra, en el que diversas empresas invirtieron en 2022. A pesar de las solicitudes de Hazte Oír, incluyendo la citación de personal de Deloitte y otros, el juez ha rechazado estas y otras diligencias solicitadas por las acusaciones populares, argumentando que ‘no se consideran necesarias para el esclarecimiento de los hechos’.