El Tribunal Supremo ha decidido no acceder a la petición de suspensión cautelarísima del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la solicitud de medida cautelar inmediata, al considerar que no concurren las condiciones de especial urgencia que exige este tipo de procedimiento.
En su resolución, los magistrados optan por seguir la vía ordinaria para tramitar la petición de suspensión cautelar y acuerdan conceder un plazo de 10 días a la parte demandada para que presente sus alegaciones. La decisión mantiene por el momento en vigor la iniciativa del Gobierno, mientras el proceso judicial continúa su curso por los cauces habituales.
PP y Vox anuciaron una ofensiva legal y política contra el decreto
Ante la regularización, tanto PP como Vox anunciaron un despliegue de iniciativas políticas y judiciales contra la medida en el ámbito nacional y en el europeo.
Pero más allá de las declaraciones, cabía preguntarse qué posibilidades reales existen de que se pueda frenar la medida. A diferencia de un real decreto-ley, este tipo de norma no pasa por votación en el Parlamento, lo que condiciona completamente las vías para frenarlo. Así, la principal puerta para tratar de tumbarlo es la judicial mediante un recurso que se plantea ante el Tribunal Supremo, como hizo la mencionada asociación, que es quien controla la legalidad de los reglamentos del Gobierno.
Finalmentee, el tribunal ha decidido no estimar ese recurso.