¿Se puede anular la regularización de migrantes que ha aprobado el Gobierno?

Ante la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, a través de un real decreto, tanto PP como Vox han anunciado una serie de recursos políticos, parlamentarios y judiciales contra la medida en el ámbito nacional y en el europeo. En este contexto, mientras que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha declarado que "habrá que ver qué texto viene para decidir qué vías se siguen y qué cauces se siguen" para tratar de tumbarlo, preguntada sobre si su partido piensa en acudir a los tribunales contra la regularización, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, asegura que su formación la llevará al Tribunal Supremo, solicitando, además, su suspensión cautelar.

Más allá de las declaraciones, cabe preguntarse qué posibilidades reales existen de que se pueda frenar la medida y si, en el improbable caso de que se logre, tendría efectos retroactivos. La ventana regulatoria -extraordinaria, limitada y con condiciones muy concretas- que abre hoy el Ejecutivo se cerrará, previsiblemente, el 30 de junio. Quienes logren regularizar su situación administrativa en ese periodo de tiempo quedarán dentro del sistema.

Cómo se podría tumbar el real decreto de regularización

A diferencia de un real decreto-ley, este tipo de norma no pasa por votación en el Parlamento, lo que condiciona completamente las vías para frenarlo. Así, la principal puerta para tratar de tumbarlo es la judicial mediante un recurso que se plantea ante el Tribunal Supremo, que es quien controla la legalidad de los reglamentos del Gobierno.

Los argumentos para intentar anularlo pueden ser varios: exceso de poder reglamentario (regularización sin cobertura legal suficiente), posible choque con la Ley Orgánica 4/2000 y defectos en el procedimiento de aprobación

Si el tribunal estima el recurso, el real decreto quedaría anulado.

Como hemos apuntado, el Congreso de los Diputados no puede tumbarlo directamente al carecer de capacidad para derogarlo mediante votación, como sí ocurre con los decretos-ley. Su margen para operar contra la norma es indirecto: aprobar una ley que contradiga el decreto y forzar políticamente su modificación.

Qué pasaría si el Tribunal Supremo lo anula

Si la vía judicial prosperara y el Tribunal Supremo anula el real decreto se detendrían nuevas regularizaciones y el marco jurídico dejaría de aplicarse, pero eso no implica automáticamente revisar todo lo ya concedido.

Los papeles ya concedidos, ¿se pueden quitar?

El sistema jurídico español protege dos principios fundamentales recogidos en el Artículo 9.3 de la Constitución Española: seguridad jurídica e irretroactividad de normas desfavorables. Por ello, los papeles concedidos a personas migrantes mientras el real decreto está en vigor no se pueden quitar.

Esto significa que, como regla general, los migrantes que ya hayan obtenido permiso de residencia mantendrían su nueva situación legal.

Cuándo sí podrían revisarse los permisos

Solo en supuestos muy concretos como fraude o falsedad en la solicitud o errores administrativos graves. Incluso en estos casos la revisión sería individual y no cabría una retirada masiva de derechos.

¿Medidas cautelares? 

Como hemos dicho, la aprobación del real decreto no cierra la vía judicial y cualquier partido político, comunidad autónoma -Madrid ha avisado de que lo hará- o entidad legitimada puede recurrirlo ante el Tribunal Supremo y solicitar su suspensión cautelar. Vox ya ha anticipado que pedirá cautelares. Pedir medidas cautelares suspendería su aplicación mientras se resuelve el fondo, aunque la clave es saber qué probabilidades hay de que el Supremo acuerde esa suspensión.

En la jurisdicción contencioso-administrativa, el tribunal decide si suspende o no la norma en función de un equilibrio: perjuicio irreparable si se aplica la norma, interés general en que siga en vigor y apariencia de buen derecho (que el recurso no sea infundado)

Que el Supremo suspenda todo el real decreto desde el inicio es poco habitual porque se presume la legalidad de la norma, hay un interés general fuerte (política migratoria, orden público, gestión administrativa) y suspenderlo tendría efectos inmediatos amplios.

Una suspensión parcial sería más plausible si hubiera puntos jurídicamente débiles claros. El tribunal podría suspender artículos concretos o limitar determinados efectos.

Sin embargo, lo más habitual es que el Supremo no suspenda el decreto de forma cautelar y permita que se aplique mientras resuelve el recurso. En este sentido, el factor tiempo es clave, puesto que el fondo puede tardar meses o años en resolverse.

Qué pasa con la renovación de los permisos

La discusión sobre la regularización no se limita a su aprobación, sino a su resistencia jurídica en el tiempo, aunque en este caso nace con fecha de caducidad. Un eventual recurso ante el Tribunal Supremo puede convertirse en un campo de batalla, pero con un límite claro: el ordenamiento español protege la confianza legítima de quienes ya han accedido a derechos bajo una norma vigente. En ese contexto, cualquier intento de reversión masiva no solo sería jurídicamente complejo, sino con altas probabilidades de ser rechazado por los tribunales.

La regularización extraordinaria de migrantes expedirá permisos de residencia a más de 500.000 personas, según los cálculos más conservadores. Esos permisos son temporales y quedan condicionados a cumplir ciertos requisitos a la hora de su renovación, lo que obliga a la Administración a aplicar el marco general, entrando en juego la Ley Orgánica 4/2000, que regula las autorizaciones de residencia y trabajo en España.

En un supuesto escenario más restrictivo, podrían exigirse mayores requisitos para una renovación, si bien en la práctica tribunales y administración tienden a :

• Evitar vacíos legales que generen irregularidad sobrevenida
• Facilitar la transición al régimen ordinario
• Analizar cada caso de forma individual

Esto reduce el riesgo de una “caída en bloque” de renovaciones.