QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Koldo’ interrogará este lunes a Manuel José García Alconchel, exdirector de la zona sur de Acciona Construcción España e investigado en la causa, dentro de las pesquisas sobre posibles irregularidades en adjudicaciones de obras logradas en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar, sociedad vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
García Alconchel continúa vinculado a la compañía, aunque fue apartado de sus responsabilidades el pasado 18 de noviembre tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su declaración estaba inicialmente fijada para el 3 de diciembre, junto con la de los también exdirectivos Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, pero el instructor decidió posponerla hasta este lunes debido a problemas de salud de su abogado defensor.
El juez le ha llamado a declarar por su presunta relación con los contratos públicos que Acciona obtuvo en UTE con Servinabar, mercantil situada en el centro de la supuesta red de amaños en licitaciones a cambio de comisiones ilegales y de la que –según la UCO– Cerdán sería propietario en un 45%.
En su informe, la Guardia Civil pone el foco en el acuerdo marco suscrito en 2015 entre Acciona y Servinabar, apenas días después de la constitución de esta última, con el objetivo de “explorar futuras oportunidades de negocio” y que preveía que la segunda obtuviera un 2%.
Vicente Pelegrini y Olarte manifestaron en sede judicial, durante sus declaraciones como investigados, que ese 2% que percibía Servinabar en virtud de dicho acuerdo era un porcentaje habitual para los servicios de prevención de riesgos laborales que se le habían encomendado.
Aclararon, además, que no se trataba de una cifra fija, sino de un tope máximo a los beneficios que podía recibir la empresa en el marco de la UTE con el grupo constructor. Subrayaron igualmente que los trabajos facturados fueron efectivamente realizados por ambas compañías.
Tras oír sus explicaciones, el magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, les prohibió abandonar el territorio nacional, ordenó la retirada de sus pasaportes y les impuso la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, al apreciar indicios de presuntos delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.
En este contexto, no se descarta que, una vez escuche este lunes en el Supremo a García Alconchel, el instructor valore también la adopción de posibles medidas cautelares en su contra.
La UCO resalta su papel en documentos y adjudicaciones
En relación con García Alconchel, los agentes informaron al juez de que figura como firmante de varios Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de las adjudicaciones investigadas. Asimismo, lo sitúan vinculado a la obra del puerto de Kenitra (Marruecos) a la que optaba Acciona.
De acuerdo con el informe, Cerdán se sumó “in extremis” a un viaje oficial realizado en 2019 por el exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García, dentro de una delegación del Ministerio de Transportes, con el fin de intervenir en ese proyecto.
Los investigadores calculan que los ingresos obtenidos por Servinabar relacionados con Acciona ascienden “al menos” a 6.707.294,67 euros, lo que representa aproximadamente el 75% del total ingresado en el periodo analizado, que se eleva a 8.903.903,18 euros.
Respecto a los fondos no vinculados a Acciona, que cifran en 2.196.608,51 euros –el 24,67% restante–, detallan que proceden sobre todo de transferencias o recibos de otras empresas, servicios de “confirming” cuyo origen societario o de proyecto no ha podido determinarse y la formalización de préstamos.
En cuanto a la salida de fondos a lo largo de estos diez años, la UCO estima que alcanzó los 9.701.121,96 euros. Precisa que la mayor parte de los adeudos –4.058.588,05 euros, el 48,79% del total– corresponde a transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, movimientos bancarios y de tarjetas, así como otros desembolsos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y de las transferencias a Acciona (1,80%).
La Benemérita identifica como principales beneficiarios de la presunta trama a Cerdán y a su entorno familiar, a través del cobro de salarios, el abono de alquileres –incluida la que fue hasta hace poco su vivienda familiar en Madrid– y una tarjeta de crédito con la que llegaron a gastar más de 33.000 euros. “La Paqui, le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”, llegó a decir Alonso a su mujer sobre la esposa del exdirigente socialista.
Por su parte, Acciona Construcción ha rechazado haber abonado comisiones a cualquiera de las personas señaladas en el procedimiento, y ha advertido de que se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas si de las investigaciones se derivase algún perjuicio directo para la compañía por la actuación de los investigados o de terceros.
