El Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros José Manuel Albares y Margarita Robles, que fue interpuesta por financiar los vuelos de retorno de varios activistas españoles retenidos en Israel tras su participación en una flotilla hacia Gaza, así como por el envío de un buque militar para proporcionar apoyo consular.
Según un auto que ha sido reportado por Europa Press, la Sala de lo Penal ha determinado que no se presentan los elementos característicos de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación que se alegan en la querella contra los mencionados miembros del ejecutivo.
Los jueces han explicado que los actos cuestionados «se circunscriben a decisiones gubernamentales legítimas dentro de las competencias constitucionales en política exterior y defensa». Además, han señalado que «sin que se acrediten indicios racionales de comisión de los delitos de malversación ni de prevaricación, evidenciándose que la querella responde a un propósito político sin base fáctica penalmente relevante».
Por su parte, la Sala Segunda del TS ha recordado que los actos de gobierno, «aunque puedan ser discutidos en otros órdenes jurisdiccionales, no son susceptibles de enjuiciamiento penal por prevaricación, salvo en casos absolutamente arbitrarios o fraudulentos, lo que no ocurre en esta instancia».
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, había declarado a principios de octubre su intención de querellarse tras la confirmación por parte del Gobierno de haber costeado los billetes de regreso de los españoles que formaban parte de la flotilla, a quienes calificó de «exhibicionistas» y que habían disfrutado de un «tremendo crucero de bailoteo», que «deberían pagarlo de su bolsillo», hasta su detención por las autoridades israelíes.











