QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como principales responsables de la presunta trama de hidrocarburos ligada a Villafuel que instruye la Audiencia Nacional. Según el informe, la red no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, sino también en los altos niveles de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO describe “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.
Los agentes detallan que, “de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”.
Para la Benemérita, no hay dudas de que “la máxima dirección de esta organización criminal” recaía en Aldama y Rivas, propietario de Villafuel. “Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”, se recoge en el informe.
El análisis policial sostiene que existen “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”.
Según la UCO, esa infiltración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos”. Todo ello, “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
En relación con la “anuencia” de Ábalos y la supuesta contraprestación que se habría pactado mediante Aldama con Rivas, la UCO pone el foco en una conversación con Koldo García del 27 de diciembre de 2020, “un día antes de la primera reunión de la organización criminal en el MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”.
La Guardia Civil resalta que Koldo envió entonces “cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta, entre las cuales se incluía la que, meses más tarde, la organización criminal entregó y puso a disposición de Ábalos, en La Alcaidesa (Cádiz)”.
El informe añade que esa colaboración “se evidenció de forma particularmente clara en los flujos financieros” que partían de Rivas y que, “contando en algunos casos con la intermediación de (la empresaria) Carmen Pano”, terminaban “en poder” de Aldama y, en ocasiones, se habrían hecho llegar a “terceros”.
En este sentido, los investigadores recuerdan que Pano, tanto ante la Policía como ante el juez, “manifestó haber hecho entregas en efectivo en un marco temporal concurrente con las primeras reuniones formales” celebradas en la sede del Ministerio de Turismo.
El jefe de gabinete de Industria, posible enlace con la red
El documento de la UCO indica que “los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de la ministra de Industria, Comercio y Turismo”, Reyes Maroto.
La Benemérita subraya que “parece” que Díaz Bidart “podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal”.
“En este punto, resulta pertinente señalar que la designación efectuada por Ábalos respecto al cargo político del MINCOTUR que se encargaría de ejecutar las órdenes del ministro habría obedecido, en un primer memento, a una confusión por parte de la organización criminal, al atribuir erróneamente al citado Ministerio la competencia sobre la gestión que requerían”, concluyen los agentes en su informe.
