QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como principales responsables de la presunta trama de hidrocarburos vinculada a Villafuel que instruye la Audiencia Nacional. Según los investigadores, esta red no solo habría alcanzado la cúpula del Ministerio de Transportes bajo la etapa de José Luis Ábalos, sino que también habría extendido sus tentáculos a los máximos niveles de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En un informe al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO describe “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”. A partir de esa base societaria, los agentes reconstruyen cómo se habría articulado el supuesto entramado empresarial que servía de soporte a la operativa investigada.
Los agentes detallan que, “de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”. Es decir, junto al núcleo dedicado al negocio de los carburantes, se habría creado un segundo andamiaje de sociedades para canalizar y ocultar los beneficios obtenidos de forma irregular.
La Benemérita sostiene que no existen dudas de que “la máxima dirección de esta organización criminal” recaía en Aldama y Rivas, propietario de Villafuel. “Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”, recoge el documento, que les atribuye la capacidad última de mando sobre el conjunto del esquema societario y financiero supuestamente delictivo.
El informe añade que se han recabado “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”. Esa posible infiltración en altos cargos de varios departamentos se considera clave para comprender el alcance de la red.
Según la UCO, el acceso a esos ámbitos se habría producido a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos”. “Todo ello a cambio de una contraprestación económica”, concluye el informe, que vincula esa supuesta influencia con un beneficio directo para la compañía en el sector de los carburantes.
