El actual administrador de El Salvador-Funeraria Castellana, Ignacio M.V., uno de los veintitrés procesados en el 'caso ataúdes', ha reiterado ante el tribunal que es inocente, ha rechazado que en la empresa se practicara de forma organizada el supuesto 'cambiazo' de féretros y ha señalado como origen del procedimiento judicial la "inquina, el cabreo y la mala hostia" del exempleado Justo M.G., autor del dosier que sustenta las acusaciones.
En una de las vistas más esperadas desde el inicio del juicio, celebrado en la Audiencia de Valladolid desde marzo, Ignacio M.V., hijo del ya fallecido 'magnate funerario' Ignacio M.A., ha defendido el funcionamiento de la compañía, hasta el punto de afirmar que la actual Ley de Policía Mortuoria de Castilla y León se inspira en la experiencia de El Salvador-Funeraria Castellana. "Seguimos siendo la número uno en Valladolid por el trabajo bien hecho y por hacer sencillo lo más difícil", ha destacado.
El acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su defensa y cuyas manifestaciones han sido recogidas por Europa Press, ha calificado de "simulacro" la documentación acumulada durante unos veinte años por Justo M.G. A su juicio, las reclamaciones de este trabajador para mejorar su base de cotización antes de la jubilación y para que se contratara a un hijo y a una hija explican que comenzara a utilizar ese material, compuesto por fotografías y notas, con fines de extorsión.
"Yo creo que es en el periodo de 2013 y 2014 cuando más se produce la actividad de justo, coincidiendo con sus demandas. Cuando comienzan sus amenazas me entrevisté con él y me dijo que no tenía nada contra la familia, sólo contra mi padre porque se había hecho rico con una funeraria salida de la nada y Justo seguía cobrando lo mismo que cuando entró", ha relatado Ignacio, conocido como 'Ina', quien ha añadido que el malestar del empleado derivó en "inquina, cabreo y mala hostia" cuando supo que se había contratado al hijo de otro compañero.
Según su versión, esa supuesta extorsión le llevó a acudir a la policía para denunciar a Justo, "con absoluta tranquilidad porque nadie le había ordenado que hiciera esos cambios de ataúdes, el simulacro lo hizo únicamente él", sin intervención de la dirección ni del resto de la plantilla. Únicamente ha admitido como irregular el sobreprecio en las facturas por la compra de ataúdes al proveedor también investigado, Victorio Senovilla.
"Senovilla facturaba por módulos y mi padre infló el precio de las cajas para pagar menos a Hacienda. No pillaron y la multa fue muy gorda. A partir de ahí se empezó a facturar correctamente", ha explicado, dedicando buena parte de su declaración a ensalzar la figura de su progenitor, "un tío muy listo que era quien hacía y deshacía" y al que atribuye el impulso del sector funerario en Castilla y León desde 1995.
Aunque el calendario preveía más interrogatorios, finalmente solo han pasado por el estrado la madre de Ignacio, María del Rosario V.L., y un cuñado de esta, Andrés M.A., quienes se han acogido a su derecho a no declarar. El resto de la sesión se ha destinado a reproducir en sala las declaraciones que Justo M.G. y el empresario Ignacio M.A., ambos ya fallecidos, prestaron en 2019 en el juzgado en calidad de investigados.
La declaración póstuma de Justo M.G.
La voz de Justo M.G. se ha escuchado de nuevo mediante la grabación de su testimonio en la causa derivada de la 'Operación Ignis'. En esa comparecencia, el extrabajador denunció que el presunto 'cambiazo de ataúdes' atribuido a propietarios y empleados de la funeraria entre 1995 y 2015 era un secreto a voces en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), localidad donde el cementerio del grupo concentraba la mayoría de las cremaciones.
En su relato, Justo detalla sus funciones desde su incorporación en 1995 hasta su jubilación el 18 de febrero de 2015, primero en recepción y después en el área de incineración del camposanto de Santovenia. Sostiene que en la empresa se habría instaurado un sistema, siempre siguiendo las indicaciones del dueño, que consistía en "robar" los féretros contratados por las familias y, tras sustituirlos por otros de "aglomerado", tapas u otros componentes, ponerlos de nuevo a la venta para posteriores servicios funerarios.
El extrabajador afirma que en este mecanismo participaban otros empleados —menciona a varios compañeros y conductores de los vehículos funerarios— y asegura que "lo sabían casi hasta en Santovenia, en todos los sitios". Según su versión, se hacía un 'paripé' activando los ventiladores del horno para simular el inicio de la cremación, que en realidad no se llevaba a cabo hasta que se efectuaba el 'cambiazo' del ataúd, ya sin la presencia de los familiares más cercanos.
También apunta que no solo intervenían personas de máxima confianza de Ignacio M.A., sino otros trabajadores que accedían por temor a perder su empleo. "Estábamos acojonados por el miedo a ser despedidos", declaró, explicando que continuó con esta práctica porque ya había sufrido un despido previo en otra compañía y padecía problemas de espalda que dificultaban encontrar otro trabajo.
Justo indica que no intervino en todos los "reciclajes", pero que de muchos de ellos dejó constancia mediante fotos y anotaciones una vez que sus compañeros abandonaban el lugar. "Ni yo ni el resto de trabajadores hemos recibido una compensación económica por esta práctica", expuso ante el juez, añadiendo que la prueba de que los hechos se producían era que, pese a la apertura en 2013 del nuevo tanatorio con horno propio, el crematorio del cementerio de Santovenia continuó funcionando a pleno rendimiento.
"En el parte de defunción se hacía constar que la cremación se había producido en el tanatorio, pero no era así, se había efectuado en Santovenia", subrayaba entonces, precisando que en algunos casos la caja llegaba ya cambiada desde el tanatorio y en otros el "robo" se realizaba en las propias instalaciones del cementerio. Añade que en alguna ocasión el 'cambiazo' no se llevó a cabo por el enfado de la plantilla ante retrasos y complementos salariales pendientes de cobro.
La versión del fundador de la funeraria
En la sala también se ha escuchado la declaración que en su día prestó, como detenido, el fundador de la empresa, Ignacio M.A. En ella rechaza las imputaciones y atribuye el procedimiento penal al resentimiento de Justo hacia su persona, después de recibir cartas amenazantes en las que el trabajador se quejaba de su sueldo. "Antes de esas cartas ya me había amenazado con acudir a la Fiscalía porque quería una compensación económica ya que estaba a punto de jubilarse y también me había pedido trabajo para sus hijos", recordaba el empresario.
Frente a las acusaciones, Ignacio M.A. insiste en que nunca ordenó realizar el 'cambiazo' de féretros ni fue testigo de ello. "Nunca" lo vio, afirma, y añade que la práctica carecería de lógica económica y sanitaria: "Si un ataúd cuesta 100 euros porque voy a cambiarlo por otro lleno de sangre, babas y mierda. Si alguien le ayudó que lo demuestre, yo desde luego no lo hice ni el resto de trabajadores".
En su interrogatorio también justificó el origen del casi millón de euros que la policía localizó en 2019 en el cuarto de la plancha de su vivienda. Sostuvo que pertenecía a él y a su familia, procedente del salario de 400.000 pesetas que percibían y de ahorros generados en negocios anteriores de pescadería, carnicería y almacén de bebidas. "No tenía miedo a posibles robos, tengo más miedo a los bancos", manifestó entonces.