Un fallo en el procedimiento ha llevado a aplazar el juicio contra el presunto autor de abusos sexuales a 8 menores de 4 y 5 años en una escuela infantil del distrito barcelonés de Sant Andreu, cuya vista oral debía comenzar este martes en la sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El tribunal ha decidido remitir de nuevo la causa al Juzgado de Instrucción para corregir un defecto en el auto de apertura de juicio oral, en el que solo figuraba una de las dos sociedades a las que se les atribuye responsabilidad civil subsidiaria.
Este trámite se realizará para que la otra sociedad pueda ser formalmente emplazada y presente su escrito de defensa, ya que, de celebrarse el juicio sin esta notificación, se generaría una situación de indefensión.
El presidente del tribunal ha expresado su malestar por tener que suspender la vista, recordando que el calendario de señalamientos de la sección novena de la Audiencia se sitúa aproximadamente a dos años, y que, al tratarse de un juicio con varias sesiones, será complicado reprogramarlo antes, aunque ha asegurado que lo intentará.
Juegos de contenido sexual
La Fiscalía sostiene que el acusado, monitor del comedor de la escuela infantil, hizo participar entre abril y julio de 2021 a menores de entre 4 y 5 años en juegos de contenido sexual, obligándoles a tocarse entre ellos mientras él observaba con un comportamiento “despótico, despreciativo y amenazante, castigándolos con frecuencia”, lo que habría provocado que los niños le obedecieran.
El Ministerio Público detalla que el procesado también aprovechaba esos juegos para inmovilizar a los menores contra su cuerpo y, simulando que les hacía cosquillas, les tocaba las partes íntimas por encima de la ropa, una conducta que, según la acusación, se repetía igualmente cuando los niños acudían al baño.
La Fiscalía reclama 6 años de prisión por cada uno de los 8 presuntos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años, sumando un total de 48 años de cárcel, además de 10 años de libertad vigilada y la inhabilitación para desempeñar cualquier actividad, remunerada o no, que implique trato directo y habitual con menores.
Asimismo, solicita que se le impida acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas durante 4 años tras cumplir la pena de prisión y que indemnice con 12.000 euros a cada uno de los menores afectados.