El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado a declarar al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, después de que una agente haya interpuesto una querella contra él por un presunto delito de agresión sexual.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ordena tomar declaración a González “en calidad de querellado” y fija también la comparecencia de la supuesta víctima para el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas.
El juez indica que los hechos descritos en la querella “hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable”.
En la querella, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el letrado de la denunciante atribuye al DAO la posible comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.
La mujer, miembro de la Policía Nacional, mantuvo “en el pasado una relación de afectividad” con el alto mando policial, una relación que “estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta” debido al cargo que él ocupaba dentro del cuerpo.
Según el escrito, “esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión”.
El día de los hechos
El relato de la acusación detalla que la relación concluyó “por decisión unilateral” de la víctima, una “circunstancia” que González “no aceptó”, iniciando “a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” que ahora se investigan.
De acuerdo con la querella, los hechos se habrían producido el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de “servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada”. A partir del mediodía habría recibido “múltiples llamadas telefónicas” de González “requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria”.
“Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente”, se recoge en el documento.
La mujer se habría desplazado hasta un restaurante en el que el DAO se encontraba comiendo con otro comisario. Tras compartir un tiempo con ambos, González y la agente se dirigieron posteriormente a un inmueble. Allí, su superior le habría sugerido subir a la vivienda, ante lo que ella expresó “su incomodidad y su deseo de marcharse”.
Una vez en el interior de la casa, el DAO habría servido dos cervezas e iniciado “de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima”. Según la querella, se trató de un “acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento”.
El supuesto “precio del silencio”
Pese a las negativas reiteradas, el escrito sostiene que el mando policial habría comenzado entonces “una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional”.
La querella detalla diversos intentos de González de tocar a la mujer en sus zonas íntimas sin su consentimiento. Finalmente, y “tras conseguir zafarse del querellado y poder abandonar el domicilio, la víctima recogió el vehículo policial camuflado que había utilizado para desplazarse hasta el lugar, se dirigió a la comisaría de Coslada donde prestaba servicio, dejó el vehículo, y se dirigió a su domicilio particular”.
Según el relato de la acusación, tras aquel episodio el DAO habría iniciado una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos” y “ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio”.