La titular del Juzgado n.º 3 de Murcia, que lleva la investigación por la muerte de 13 personas en el incendio de las discotecas “Teatre” y “Fonda Milagros” ocurrido el 1 de octubre de 2023, ha acordado incoar diligencias previas “en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento”.
La resolución, dictada este lunes en forma de providencia, ordena extraer testimonio de las querellas penales ya presentadas y poner en marcha una causa penal separada y específica para indagar en los hechos vinculados a la presunta prevaricación administrativa.
Paralelamente, el mismo órgano judicial ha autorizado una nueva ampliación del plazo máximo de instrucción del procedimiento principal, estableciendo como fecha límite para su conclusión el 1 de abril de 2026.
El letrado que representa a varias familias de las víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, considera que la apertura de estas diligencias por posible prevaricación administrativa “supone hito especialmente valorado” por las familias “a la hora de dirimir las posibles responsabilidades, incluidas las de carácter institucional”.
En palabras del propio Muñoz Ortín, esta decisión “constituye un paso relevante en el esclarecimiento integral de los hechos, al permitir examinar si la actuación de la Administración municipal se ajustó o no a la legalidad y a las obligaciones que le corresponden en materia de control y protección de la seguridad ciudadana”.