Una contrapericial aportada este lunes por las defensas en el denominado 'caso ataúdes' concluye que el número de féretros comprados y vendidos por el grupo funerario El Salvador entre 1995 y 2015 coincide, lo que choca frontalmente con el dictamen presentado la semana pasada por la Unidad de Vigilancia Aduanera, que sostenía la existencia de un "descuadre" de 4.552 cajas en las compras de la empresa, hasta el punto de que, según dicho informe, habría sido inviable prestar el servicio funerario durante esas dos décadas.
En una nueva sesión de este extenso juicio, que se prolongará hasta el próximo mes de junio, los letrados de las 23 personas procesadas, entre propietarios y empleados de El Salvador-Funeraria Castellana, han presentado ante la Audiencia de Valladolid un informe alternativo firmado por David Ricardo P.B, doctor en Derecho y Economía. En él, el perito certifica que la sociedad investigada adquirió tantos ataúdes como luego comercializó en los más de 28.000 sepelios terminados en incineración.
El especialista ha intentado desmontar el análisis incriminatorio de la Unidad de Vigilancia Aduanera, según el cual El Salvador habría simulado la compra de 4.552 féretros —porque, presuntamente, reutilizaba una parte importante de ellos—, al mantener David Ricardo P.B. que "las cifras cuadran en contabilidad" y que "en que coincide" el volumen de ataúdes adquiridos a diversos proveedores con el de los vendidos a las familias de los fallecidos.
En su declaración, recogida por Europa Press, el perito atribuye la diferencia entre su dictamen y el de Aduanas a "un grave error metodológico" de estos últimos, al partir del supuesto de "existencias cero" en los almacenes de El Salvador cuando, de acuerdo con sus cálculos, entre 2001 y 2019 llegaron a acumularse más de 3.000 cajas en stock.
Como ejemplos, ha mencionado las 952 cajas que se localizaron en 2019 en las instalaciones de El Salvador cuando la policía desarrolló la 'Operación Ignis', las 894 encontradas en 2014 o las 1.711 que constan en 2001. A su juicio, este error de partida explicaría que el informe de Aduanas haya alcanzado conclusiones equivocadas.
El experto de las defensas solo coincide con Aduanas en el dato aproximado de 28.200 féretros vendidos por El Salvador en el periodo analizado, cifra que él ajusta a 28.064. Sin embargo, discrepa de forma tajante sobre el supuesto descuadre de 4.552 unidades en las compras, que David Ricardo P.B. reduce a unas 363, algo que, en sus palabras, "ni siquiera se puede contabilizar como descuadre material porque supone menos del 0,05 por ciento de diferencia y, además, teniendo en cuenta que se trata de más de veinte años de actividad".
Aunque Aduanas no da por acreditada la adquisición de unos 1.200 ataúdes por ausencia de soporte documental y cuestiona otros 3.300 al considerar que las facturas serían "falsas" y recogerían únicamente pagos de IVA, el perito ha asegurado que, en el primer bloque, ha localizado todas y cada una de las facturas que no halló la Unidad de Vigilancia y, en el segundo, ha defendido la autenticidad de esos registros contables.
En relación con este último punto, el declarante ha explicado que es habitual anticipar el pago del IVA, especialmente cuando existe cierta "confianza" entre comprador y proveedor, para abonar posteriormente el importe completo de la factura. "Si únicamente hubiera un pago por IVA, lo normal es que tarde o temprano el proveedor dejara de suministrar la mercancía", ha señalado, recordando también que tanto El Grupo El Salvador como uno de sus principales suministradores de féretros, Victorio Senovilla, igualmente investigado, han pasado inspecciones de la Agencia Tributaria sin que se detectara emisión de facturas falsas, lo que, de haberse probado, habría derivado en sanciones económicas de calado.
Durante su exposición del contrainforme, el perito ha subrayado además la enorme cantidad de documentación, "una barbaridad", localizada en la empresa investigada. "En toda mi vida profesional jamás he visto que una empresa guarde documentación a lo largo de treinta años, lo normal es que se destruya, aunque también es cierto que la misma estaba muy desordenada", ha remachado.
Sin pruebas de daño psicológico indemnizable
La vista ha incluido igualmente otra prueba pericial propuesta por las defensas, en este caso a cargo del forense y criminólogo vallisoletano Aitor C., quien ha rechazado que los familiares de los fallecidos puedan reclamar indemnizaciones por supuestos daños físicos, psicológicos o morales tras verse incluidos en la relación de afectados por el 'caso ataúdes'.
En su informe, Aitor C. ha indicado que no constan partes médicos que avalen esa afectación en forma de lesiones o secuelas. "Yo, al menos, no los he visto", ha manifestado el perito, que ha insistido en que, aplicando el baremo empleado en siniestros de tráfico, en este procedimiento no procede reconocer compensaciones porque no se ha demostrado una relación de "causalidad" entre los hechos investigados y posibles trastornos que, como ha reiterado, no aparecen reflejados en ningún informe.
Por ello, considera que no resultaría razonable fijar una indemnización de 3.000 euros por cada difunto, "yo no lo veo", ha señalado. Con carácter subsidiario, ha dejado abierta la opción de establecer cantidades de entre 100 y 200 euros, calculadas según un baremo de tres a seis días de perjuicio básico, para la docena de perjudicados que hayan podido reconocer a sus allegados en las fotografías mostradas en la causa y que pudieran haber sufrido algún tipo de impacto psicológico que, en todo caso, entiende como "transitoria".
El juicio continuará este martes con nuevas periciales y no será hasta el miércoles cuando empiecen a declarar los acusados y se proyecten en sala las declaraciones grabadas del fundador del grupo El Salvador, Ignacio Morchón Alonso, y del extrabajador de la compañía Justo Martín Garrido, ambos ya fallecidos.