Una antigua empleada de Funeraria Castellana, que trabajó como recepcionista y responsable de la cafetería del tanatorio viejo de Valladolid entre 2005 y 2006, ha confirmado que durante el periodo en que estuvo en la empresa escuchó a varios trabajadores utilizar la palabra “reciclaje”, un término cuyo significado real desconocía al principio pero que, según le aclararon después, hacía referencia a dar el “cambiazo” a los ataúdes para sustituirlos, antes de la cremación, por otros de coste muy inferior.
En la segunda sesión de declaraciones testificales del juicio del 'caso ataúdes' que se celebra en la Audiencia de Valladolid, la testigo, Sara Martínez Peña, ha ido más lejos y ha asegurado que esta forma de proceder era conocida por toda la plantilla del grupo, hasta el punto de que el uso de dicha expresión generaba, según ha descrito, sonrisas de complicidad entre los empleados cuando salía en las conversaciones.
La exempleada es la misma persona que el 31 de enero de 2019, tras la explotación por parte de la Policía Nacional de la 'Operación Ignis', con registros en distintas dependencias del grupo —en el dúplex del propietario se intervinieron en el cuarto de la plancha cerca de un millón de euros— y la detención de varios investigados, decidió telefonear a los agentes para relatar lo que sabía después de ver la repercusión mediática del caso. Tal y como ha relatado, fue un amigo policía quien le sugirió que trasladara su testimonio a los investigadores.
Su relato de entonces lo ha reiterado ahora ante el tribunal, al explicar que, tras oír de forma reiterada la palabra “reciclaje”, terminó averiguando, en una charla informal con otros compañeros, que los féretros contratados por las familias no eran los mismos que se utilizaban finalmente en la cremación.
“Me dijeron que antes de la incineración, que no dejaban presenciar a los familiares, se daba el cambiazo al ataúd por otro más barato. El de más calidad se llevaba a un garaje y luego era de nuevo trasladado al tanatorio para su reventa, al igual de lo que se hacía con las flores, previa modificación de algunos de los elementos de estas últimas”, ha ratificado la testigo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado el caso de un “arcón enorme” por su aspecto “espectacular y singular”.
Interrogada por el fiscal del procedimiento, la exrecepcionista ha asegurado que su declaración no responde a ningún ánimo de venganza contra la familia Morchón, pese a que fue despedida en 2006, al igual que su entonces novio, también empleado del grupo, después de que ambos fueran sorprendidos tomando copas en la cafetería del tanatorio, fuera de su jornada laboral, y ocasionando ruidos.
La testigo, a la que solo han dirigido preguntas las acusaciones y una de las diez defensas, ha añadido que no denunció antes lo que sabía porque en su momento lo consultó con un agente de la Policía Municipal y con un periodista, y ambos le advirtieron de que sin pruebas materiales no se podía iniciar ninguna actuación.
En relación con la cuestión que inspira el título de la película 'Solo o en compañía de otros', sobre el crimen de los Urquijo, llevada al cine, el testimonio de la extrabajadora ha sido contundente, en línea con lo expuesto el día anterior por el jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid e instructor de las diligencias, quien señaló que la operativa investigada no podía ejecutarla una sola persona, ya que el traslado de cadáveres se hacía a pulso y requería la intervención de varias, además de una logística específica.
En la misma vista ha declarado otra recepcionista, aún en activo tras más de dos décadas en la empresa, que ha negado conocer estos hechos o que, tras la inauguración del tanatorio nuevo en febrero de 2013, con su propio horno crematorio, las incineraciones dejaran de hacerse allí para realizarse en el cementerio de Santovenia, sin la presencia de los familiares, con el fin de facilitar la sustitución de los féretros de mayor calidad por otros más baratos e incluso por palés.
El fiscal le ha detallado hasta medio centenar de servicios tramitados con este supuesto sistema, según figura en la abundante documentación reunida durante veinte años por Justo Martín Garrido, trabajador ya fallecido que intentó utilizar ese material para presionar a la familia Morchón a fin de que incrementara su base de cotización y así obtener una pensión de jubilación más alta. Pese a ello, la testigo María Belén Velasco ha reiterado que ignoraba que las cremaciones se derivaran al cementerio sin conocimiento de las familias para proceder al 'cambiazo' con mayores garantías.
“No sé nada de eso. Sí sé que el horno del nuevo tanatorio dio muchos problemas y quizás por eso hubo casos en los que las incineraciones se tuvieron que llevar a Santovenia”, ha contestado la recepcionista.
Retrasos salariales y presuntas amenazas
La trabajadora tampoco ha dicho recordar un escrito que se le ha exhibido en la sala en el que, supuestamente, la plantilla del grupo habría llegado a amenazar a la familia Morchón con revelar lo que ocurría en las instalaciones si no se abonaban los atrasos salariales acumulados durante los tres últimos años, demora que, según se indicaba desde la empresa, se justificaba por las pérdidas económicas de la funeraria.
La actual recepcionista de Funeraria Castellana ha insistido igualmente en que desconocía el intento de extorsión atribuido a Justo Martín, de quien ha señalado que mantenía malas relaciones con el resto del personal, así como el contenido de sus denuncias, hasta que en enero de 2019 la policía irrumpió de forma inesperada en las dependencias del grupo. “Al ver a los agentes con metralleta no sabía qué pensar, estábamos todos impactados”, ha manifestado.
En términos similares, negando cualquier actividad ilícita dentro de la empresa, se han pronunciado la también trabajadora Gemma Parra Sanz y la responsable de contabilidad, María Ángeles García-Porrero. Por el contrario, quien ha decidido no declarar, acogiéndose a su derecho a guardar silencio, ha sido Fe Antonia Morchón, hermana del fallecido propietario del grupo funerario.
El juicio afronta este miércoles su tercera jornada de testificales dentro de un proceso que se prolongará hasta el mes de junio. La Fiscalía mantiene acusación contra 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador, para quienes reclama las penas más altas por presuntos delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios se señalan las mercantiles Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L..