Una delegación del Parlamento Europeo perteneciente a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha concluido este miércoles que el aumento de la polarización política y las tensiones en torno a la gobernanza judicial en España ponen en riesgo la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Estas consideraciones figuran en las conclusiones de un informe elaborado tras la visita a España, a mediados de febrero, de cinco eurodiputados encargados de examinar la normativa anticorrupción del país. El documento remarca, no obstante, que el Estado de derecho en España opera dentro de parámetros “estructuralmente sólidos”.
Al mismo tiempo, la delegación subraya que el país “está marcado por tensiones institucionales recurrentes y polarización política” que se plasman en el funcionamiento de las instituciones y en las prácticas legislativas, con el potencial de alterar el equilibrio entre poderes y de deteriorar la percepción de imparcialidad del sistema.
En lo relativo a la independencia judicial, el informe identifica la estructura de gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el “principal punto de divergencia”. Los eurodiputados recuerdan que los estándares europeos aconsejan que “al menos la mitad” de sus integrantes sean designados directamente por la carrera judicial.
El modelo vigente en España, por el que la totalidad de los vocales del CGPJ son escogidos por las Cortes Generales, continúa, a juicio de la misión, “generando debate institucional y preocupaciones de reputación en cuanto a la posible influencia política sobre la gobernanza judicial”.
La delegación también ha analizado el papel del Tribunal Constitucional y su funcionamiento “en un entorno altamente polarizado”. Aunque no ha detectado indicios de disfunciones formales, advierte de que la elevada confrontación política en torno a las resoluciones de los órganos institucionales “puede afectar a las percepciones de neutralidad”.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, la misión valora la reforma impulsada por el Gobierno, pero recalca que “persisten interrogantes” sobre los medios disponibles y el grado de autonomía de órganos como la Fiscalía, así como sobre “el clima político más amplio” en el que se desarrollan las investigaciones por corrupción.
La delegación recoge igualmente las observaciones recientes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que ha reiterado su petición de “salvaguardias más sólidas” en transparencia de los contactos con grupos de presión, en la regulación de los conflictos de intereses y en la implantación de mecanismos de responsabilidad más exigentes para los altos cargos.
El informe apunta además que los indicadores de percepción de la corrupción en España “han retrocedido en los últimos años”, situándose en su peor registro desde 2012, según Transparencia Internacional, una evolución que denota “una creciente preocupación pública por la integridad y la rendición de cuentas en la vida pública”.
Uso de decretos-ley y papel de RTVE
El documento llama la atención sobre el uso continuado de los reales decretos-ley por parte del Ejecutivo —más de 120 desde 2018, la cifra más alta en periodos democráticos comparables—, lo que, a su juicio, “corre el riesgo de limitar la deliberación y debilitar los mecanismos consultivos, incluido el papel asesor de los órganos judiciales”.
“Varios interlocutores subrayaron que la dependencia sistemática de este instrumento corre el riesgo de debilitar la deliberación parlamentaria y reducir el papel de los controles institucionales y los órganos consultivos”, indica el texto.
En relación con el Congreso y el Senado, la misión destaca que “el bloqueo o retraso de iniciativas aprobadas” por la Cámara Alta “corren el riesgo de menoscabar el papel constitucional” de la institución que representa a los territorios.
“La delegación considera que garantizar procesos legislativos transparentes, una consulta significativa y una relación equilibrada entre el gobierno, el parlamento y los órganos de control constitucional seguirá siendo clave para reforzar la resiliencia del sistema español de controles y contrapesos”, añade el informe.
Respecto a la libertad de prensa, la delegación recoge las referencias a proyectos legislativos pendientes sobre el secreto profesional y la protección de las fuentes periodísticas, tal como se menciona en el informe sobre el Estado de derecho.
Al mismo tiempo, constata el impacto de la polarización en el discurso público hacia los medios, incluidas las preocupaciones por la gobernanza independiente de RTVE, el incremento de amenazas y del acoso a periodistas y las dificultades para acceder a información oficial.
La misión también se hace eco de un informe interno del Consejo de Informativos de RTVE que “identificó vulneraciones reiteradas de los estándares editoriales en determinados programas, incluido el uso de formatos de revistas de actualidad que incorporan comentarios políticos y mensajes institucionales”.
En el terreno de la igualdad y la no discriminación, que abarca los derechos del colectivo LGBTIQ+ y de las mujeres, la delegación no ha encontrado “alegaciones de retroceso legislativo ni de incumplimiento de los estándares de la UE”.
Los cinco eurodiputados responsables del informe son el presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, del PP; el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé; la eurodiputada holandesa de Renew (liberales) Raquel García Hermida-van der Walle; Alessandro Zan, del Grupo de Socialistas y Demócratas, y la belga Assita Kanko, del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.