Diez residentes del número 7 de la calle Tribulete, en el barrio madrileño de Lavapiés, han confirmado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid una querella conjunta contra un fondo de inversión por un supuesto caso de acoso inmobiliario, exponiendo las amenazas y coacciones que, según afirman, padecen desde hace dos años para forzar su marcha del edificio.
La magistrada María Isabel Garaizabal Ariza trata de esclarecer si las conductas denunciadas por los inquilinos —vinculadas a obras en el inmueble, molestias continuadas, intervenciones policiales y actuaciones de empresas gestoras— formarían parte de una estrategia de presión destinada a provocar el abandono de las viviendas, un escenario que podría encajar en el delito de acoso inmobiliario.
Los vecinos sostienen que, desde que la actual sociedad propietaria adquirió el bloque, se han producido amenazas tanto directas como veladas, además de coacciones y trabajos de reforma que, según denuncian, persiguen hacer “inhabitable” el inmueble para facilitar una operación de carácter especulativo. Todos los residentes afectados se encuentran en régimen de alquiler.
En sede judicial, los denunciantes han explicado que las intervenciones en el inmueble arrancaron en noviembre de 2024 y que desde entonces se acometen obras que “empiezan pero no se terminan”, con andamios instalados de forma permanente, huecos abiertos y actuaciones que califican de especialmente agresivas.
De acuerdo con su relato, estos trabajos han generado un ruido constante, filtraciones de agua, humedades y situaciones de inseguridad por el riesgo de caída de cascotes. Igualmente, denuncian cortes reiterados de suministros, niveles de ruido por encima de los límites autorizados y presuntas carencias en las medidas de protección y seguridad.
“La incomodidad para vivir es brutal y la incertidumbre constante”, han manifestado a Europa Press varios de los afectados, que describen el temor a desplazarse por las zonas comunes y episodios de ansiedad en familias con menores. Aseguran, además, que numerosas familias con niños ya han abandonado el edificio debido a la situación.
Los residentes calculan que alrededor de 30 personas han dejado sus viviendas en los últimos meses. En la actualidad, estiman que continúan unas 25 personas distribuidas en 15 pisos, en un inmueble que antes se encontraba completamente ocupado.
Los querellantes pidieron al Ayuntamiento de Madrid que ejerciera el derecho de tanteo y retracto —que concede prioridad a los inquilinos para adquirir el edificio— con el fin de frenar la operación, pero sostienen que su solicitud no salió adelante.
Los afectados, organizados con el respaldo de colectivos y sindicatos de inquilinos, exigen la suspensión de las obras hasta que se ajusten a la normativa vigente y se garantice la seguridad estructural del inmueble y la integridad de quienes aún residen en él.
Durante la vista, la jueza se interesó de forma específica por el alcance de las reformas, sus horarios y su continuidad, a raíz de las quejas de los vecinos sobre trabajos que no se rematan y que dejan zonas abiertas o deterioradas durante largos periodos de tiempo.
En diciembre, la magistrada acordó admitir a trámite la querella interpuesta contra una gestora vinculada a un fondo de inversión y contra varias sociedades y responsables relacionados con la administración de la finca.
El próximo jueves está prevista la comparecencia de los querellados. Además, la jueza ha señalado para el 3 de marzo la declaración como testigos del portero del edificio y del arquitecto Pablo García Bachiller.
Entre las entidades señaladas en la causa figuran Elix Servicios Inmobiliarios SL, Inmho Gestión de la Propiedad SLU y diversos directivos y responsables operativos.
La instructora aprecia indicios de delito y ordenó la apertura de diligencias previas al entender que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de acoso inmobiliario”.
Asimismo, requirió a la Policía Municipal de Madrid el envío de todos los informes de intervención realizados en el inmueble entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, y al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid la remisión del expediente completo de las obras ejecutadas en el edificio desde su inicio hasta la fecha.