QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde el inicio de la semana, la Audiencia Nacional ha comenzado a procesar al excomisario José Manuel Villarejo junto a su colaborador Rafael Redondo, implicados en el denominado ‘proyecto Saving’. Dicho proyecto consistía en la investigación de supuestas anomalías en el proceso de insolvencia de la constructora Martinsa-Fadesa, bajo la presidencia de Fernando Martín.
En el marco del ‘caso Villarejo’, la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto en su documento de acusación, según informa Europa Press, penas de 23 años y 6 meses de prisión para Villarejo y 18 años y 9 meses para Redondo.
Acusaciones y compensaciones
Los cargos imputados incluyen cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos con divulgación y falsedad documental. Además, se exige que ambos compensen con 5.000 euros a cada afectado y que la Administración General del Estado asuma responsabilidad civil subsidiaria. También se solicita la confiscación de medio millón de euros pagados por José Moya a Grupo CENYT por el servicio.
La trama se destapó cuando Moya, en julio de 2011 y mientras Villarejo estaba ‘en activo’, le encargó investigar presuntas irregularidades en el concurso de Martinsa-Fadesa, relacionadas con una inversión conflictiva que Moya había realizado en 2007, comprando acciones por más de 100 millones de euros.
El conflicto surgió cuando Moya intentó ejercer una opción de venta de acciones en 2008, justo cuando Martinsa-Fadesa entró en concurso, sin que la administración concursal reconociera dicho contrato. Villarejo, a través de Grupo CENYT y con la ayuda de Redondo, ejecutó el ‘proyecto Saving’ por el cual se recabó información de diversas personas vinculadas a la inversión y el concurso.
La investigación incluyó la interceptación de comunicaciones y se extendió a otros individuos implicados en el proceso, resultando en una serie de informes que detallaban las actividades sospechosas relacionadas con la inversión y el concurso.
Finalmente, la Fiscalía ha decidido cerrar la causa contra el exsenador Francisco Rodríguez Martín y ha declarado la extinción de la responsabilidad penal de Moya tras su fallecimiento en enero de 2021.
