De las presuntas facturas ficticias de María Gertrudis Alcázar Jiménez al uso instrumental que, supuestamente, la trama del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ejercía sobre la mercantil Whathefav SL, administrada solidariamente por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Así puede resumirse el recorrido investigador plasmado en las 85 páginas del auto firmado por los jueces José Luis Calama Texeira y Ana Isabel Meras Santiago, presentado el pasado lunes ante la Administración de Justicia.
Un documento que sitúa como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero y que parte, en apariencia, de una actividad laboral desarrollada bajo parámetros de formalidad. Sin embargo, el relato de hechos presuntamente delictivos expuesto como resultado de las diligencias practicadas hasta el momento —según indica el auto al que ha tenido acceso Demócrata— “evidencia la existencia de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya finalidad habría sido la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la compañía Plus Ultra”.
“La actuación de esta red —añade el escrito judicial— se desarrollaría bajo una apariencia formal de asesoramiento, representación institucional o consultoría estratégica, encubriendo en realidad una operativa dirigida a obtener decisiones administrativas favorables a cambio de contraprestaciones económicas”.
¿Cumplía Plus Ultra las condiciones de un rescate?
En el centro de la investigación se encuentra el rescate de la aerolínea Plus Ultra por valor de 53 millones de euros por parte del Gobierno español. Para ello, el auto se apoya en un informe elaborado por el perito Pedro Martín Molina que, como conclusión final, sostiene que la compañía Plus Ultra no cumplía con la condición establecida en la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, relativa a determinar “si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019”, en los términos establecidos por el artículo 2.18 del Reglamento de la Comisión Europea 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
El peritaje de Martín Molina también advierte de la existencia de un préstamo participativo en el caso de la aerolínea, de la ausencia de provisiones derivadas de determinadas contingencias, de la cancelación de deuda de los llamados “bañistas” y de la posible existencia de una situación de insolvencia. Todo ello, unido al resto de extremos desarrollados en el informe pericial y “sin perjuicio de las limitaciones al alcance existentes” —subraya el auto—, “suscita dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a dicha fecha y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de los condicionantes esenciales para la concesión de la ayuda pública”.
El GRUPO ZAPATERO en la mediación del rescate
Con todas estas premisas, el denominado “GRUPO ZAPATERO”, tal y como recoge la argumentación judicial, presuntamente se dispuso a mediar ante el Gobierno —a través de la SEPI y del Ministerio de Transportes— para facilitar el rescate de Plus Ultra.
El auto alude expresamente a ello y señala que “el análisis financiero confirma que José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno son los beneficiarios finales de la operativa”.
Según el escrito judicial, “la sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a José Luis Rodríguez Zapatero (490.780 euros) y a la sociedad Whathefav (239.755 euros). A su vez, Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar. Se detectan asimismo transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, reafirmando la utilización personal de los fondos obtenidos”.
Pero, ¿cómo operaba esta red? ¿Cómo se efectuaban pagos cuya trazabilidad aparecía y desaparecía como los Ojos del Guadiana? ¿Cómo terminaba el dinero engordando en comisiones vinculadas a servicios inexistentes? ¿Cuál era el funcionamiento interno del entramado atribuido a Zapatero y su equipo?
Zapatero, núcleo decisor y estratégico
Las investigaciones sostienen que, presuntamente, José Luis Rodríguez Zapatero se erigía como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifestaría de forma pública o formal, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en la medida de lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.
Ese rol se desprende, según el auto, de múltiples evidencias, entre ellas conversaciones intervenidas en las que se hace referencia a su capacidad de decisión: “nuestro pana Zapatero detrás” (22.07.2020); “lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)” (04.07.2020); “los de gowair saben todo lo que hacemos incluso que Zapa es nuestro contacto” (09.09.2020); “no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI” (16.09.2020); “lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente” (22.09.2020); o “mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la Embajada de España” (29.01.2021).
La red —señala el auto— presentaría una estructura jerarquizada, en la que cada integrante asumiría funciones diferenciadas. Así, José Luis Rodríguez Zapatero ejercería funciones de dirección y control, seguido de Julio Martínez Martínez, quien actuaría como principal lugarteniente y figura visible del entramado.
El organigrama de la red
Julio Martínez Martínez asumiría el contacto directo con los clientes, ejecutaría instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero y encabezaría formalmente el entramado societario utilizado para canalizar fondos tanto en España como en territorios offshore. Esta posición quedaría reflejada en expresiones como “no hablo con el directo, hablo con un lacayo” —conversación entre Roberto Roselli y Rodolfo Reyes, de fecha 18.05.2020—, utilizada para referirse a Julio Martínez Martínez en relación con José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo, el auto identifica a Manuel Aarón Fajardo como otro de los lugartenientes, con un ámbito de actuación específico en Venezuela, siendo descrito por los propios investigados como “la pieza de ZP en Venezuela” (28.04.2020).
Según la investigación, Manuel Aarón Fajardo facilitaría además contactos al más alto nivel institucional. Así se desprendería de mensajes en los que invita a directivos de Plus Ultra a contactar con Julio Martínez Martínez indicando que “en el equipo del amigo estamos él y yo” (conversación entre Julio Martínez Sola y Manuel Aarón Fajardo, de 15.05.2020).
En un tercer escalón se situarían María Gertrudis Alcázar y Cristóbal Cano, responsables del soporte administrativo y financiero. Ambos se encargarían de proporcionar cobertura formal y documental a la operativa, coordinando la emisión de facturas, los conceptos a consignar y los importes correspondientes.
Así se observa en correos electrónicos en los que María Gertrudis Alcázar consulta a Cristóbal Cano si debía emitir una o varias facturas por valor de 20.000 euros y qué conceptos debían incluirse, recibiendo posteriormente instrucciones precisas sobre importes, trimestres y descripciones concretas (correo de 22.09.2021).
Las facturas de Gertru
Ahí reside otra de las claves de los delitos atribuidos a Zapatero: el papel de Gertrudis Alcázar, conocida como “Gertru”, quien, según el auto, desempeñaría “un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias”, apareciendo además como usuaria principal de la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com y pieza clave en la coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustentaría la actividad económica y financiera de la red.
El análisis de los correos intervenidos revela que, en coordinación con Cristóbal Cano y siguiendo instrucciones directas de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar participaría activamente en la generación de facturación ficticia, consensuando conceptos, importes y periodificaciones temporales de facturas sin prestación real subyacente.
Así se desprende, entre otros elementos, de intercambios fechados el 22.09.2021, 21.03.2022 y 29.03.2022, en los que María Gertrudis Alcázar Jiménez consulta expresamente si debía emitir una o varias facturas, solicita indicaciones sobre los conceptos a consignar e incluso pregunta si debía incrementar determinados importes, comprometiéndose posteriormente a remitir las facturas para su firma una vez recibidas las instrucciones correspondientes.
Ese patrón, según el auto, evidenciaría un modus operandi estable y reiterado, orientado a dotar de apariencia documental a movimientos financieros carentes de causa económica real.
Las hijas de Zapatero
Y de las presuntas facturas ficticias de Gertrudis —vinculadas, según la investigación, a movimientos financieros carentes de soporte económico real— se pasa a la instrumentalización de la mercantil administrada por las hijas de Zapatero.
El análisis económico recogido en el auto revela que Whathefav SL actuaría presuntamente como centro de redistribución de flujos financieros. Así, figura como principal proveedor de Inteligencia Prospectiva, sociedad que le habría abonado 561.440 euros, mientras que Análisis Relevante habría recibido de Inteligencia Prospectiva otros 380.208 euros.
A su vez, Análisis Relevante —vinculada a Julio Martínez Martínez— habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, lo que, según la argumentación judicial, evidenciaría un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales.
Whathefav habría recibido además pagos de Pickashop, Agropecuaria Lucena, Danilo Alfonso Diazgranados Manglano —aparentemente declarados por Agropecuaria—, así como transferencias procedentes de Gate Center (171.727 euros) y Thinking Heads Group (12.297 euros), entidades igualmente vinculadas, según el auto, a José Luis Rodríguez Zapatero.
La circunstancia de que el expresidente figure como autorizado en las cuentas bancarias de sus hijas —receptoras de importantes cantidades transferidas por Whathefav— reforzaría, según la investigación, los indicios de que la sociedad actuaría como canalizador financiero de la red.
Todo este conjunto de indicios permitiría concluir, según recoge el auto, que Whathefav SL actuaría como “elemento finalista del entramado”, recibiendo fondos tanto de clientes de la red como de la propia estructura organizada.
La mercantil operaría, según los investigadores, como centro de redistribución de flujos económicos, canalizando pagos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno. También habría generado facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal a movimientos financieros carentes de actividad económica real.
Además, el auto sostiene que Whathefav participó en la difusión de informes elaborados por Sergio Sánchez para Análisis Relevante, sin aportar valor técnico propio, lo que evidenciaría su carácter instrumental.
Whathefav SL, un punto neurálgico del entremado
Estas circunstancias, valoradas conjuntamente, permiten afirmar —según el escrito judicial— que la sede de Whathefav SL constituye un espacio físico directamente vinculado a la actividad ilícita investigada, en el que razonablemente podrían hallarse documentación contable, facturas, contratos y borradores utilizados para generar apariencia de actividad; archivos digitales, dispositivos electrónicos y comunicaciones internas que permitan reconstruir la cadena de instrucciones; listados de clientes, agendas, anotaciones y soportes que acrediten la participación de Whathefav en la redistribución de fondos; elementos que permitan determinar la trazabilidad y autenticidad de las comunicaciones remitidas desde cuentas con dominio @whathefav.com; e información que permita contrastar la actividad declarada con la actividad real de la sociedad.
“A la luz de lo anterior” —concluye el auto— “concurren los requisitos exigidos para autorizar el registro interesado”: indicios racionales de criminalidad derivados de la documentación intervenida, de los flujos económicos y de la operativa detectada; relación directa entre el lugar a registrar y los hechos investigados, al constituir la sede de Whathefav SL “un punto neurálgico de la actividad documental y financiera del entramado”; idoneidad y necesidad de la diligencia, al ser el registro “el único medio para acceder a documentación no remitida por correo electrónico, dispositivos utilizados para la transmisión de instrucciones y archivos que no constan en poder de la autoridad judicial”; y, finalmente, proporcionalidad, “al tratarse de una medida indispensable para el esclarecimiento de hechos graves vinculados a delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal”.