El Partido Popular lleva al Congreso, después de un año de parálisis parlamentaria, la Proposición de Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, en cuyo documento, al que ha tenido acceso Demócrata, se plantea una transformación del sistema urbanístico español y del mercado del alquiler.
El texto se estructura en cuatro grandes bloques —eficiencia administrativa, seguridad jurídica, refuerzo competencial y reforma de la política de vivienda— e incorpora como ejes centrales el fin de las zonas tensionadas, la desrregulación del mercado del alquiler, la lucha contra la "inquiocupación" y la ampliación de competencias de Ceuta y Melilla, ente otras cuestiones.
UNA ADMINISTRACIÓN MÁS ÁGIL PARA DESBLOQUEAR PROYECTOS
1. Informes en plazo para evitar bloqueos
La norma pone fin a los retrasos en la emisión de informes sectoriales, que en la práctica paralizan el urbanismo. Si las administraciones no responden en plazo, los informes se entenderán favorables, evitando bloqueos administrativos. Además, se limita su contenido a las competencias estrictas de cada organismo para reforzar la seguridad jurídica.
2. Centralización estatal de los informes urbanísticos
Las Delegaciones del Gobierno coordinarán la gestión de los informes sectoriales del Estado (Costas, Confederaciones Hidrográficas, seguridad aérea, entre otros), que deberán resolverse en un máximo de tres meses. Si no hay respuesta, se activarán plazos adicionales muy breves y, finalmente, el silencio se interpretará como favorable.
3. Licencias más rápidas: el silencio pasa a ser positivo
Las licencias de obra nueva y rehabilitación quedarán concedidas si no se resuelven en tres meses, lo que supone un cambio clave para acelerar la construcción de vivienda. Solo quedarán fuera de este régimen las actuaciones en suelos protegidos, catalogados o rurales, y determinados supuestos ambientales o forestales.
SEGURIDAD JURÍDICA PARA EVITAR PARALIZACIONES URBANÍSTICAS
4. Fin de las nulidades en cascada de los planes urbanísticos
La ley corrige una problemática recurrente: la anulación de planes generales por defectos formales que bloquean ciudades enteras. A partir de ahora, la nulidad no arrastrará automáticamente a todo el planeamiento derivado, y se permitirá la subsanación de errores no graves.
5. Sentencias urbanísticas con solución y no bloqueo
Cuando existan sentencias pendientes de ejecución, se permitirá retrotraer actuaciones para corregir defectos en lugar de paralizar todo el planeamiento. Los planes podrán mantenerse vigentes provisionalmente mientras se corrigen los errores, con plazos tasados.
6. Fin de impugnaciones abusivas del urbanismo
Se limita la acción pública para evitar impugnaciones con fines espurios o económicos. Solo podrán recurrir quienes acrediten interés legítimo o entidades ambientales con actividad real y antigüedad. Además, se refuerza el control previo para evitar litigios abusivos.
7. Reformas procesales para dar estabilidad al sistema
Se adapta la jurisdicción contencioso-administrativa para evitar anulaciones desproporcionadas de planes urbanísticos, dotando de mayor estabilidad a las decisiones administrativas y reduciendo el impacto de los litigios sobre el desarrollo urbano.
MÁS AUTONOMÍA PARA CEUTA Y MELILLA
8. Recuperación de competencias urbanísticas
Ceuta y Melilla podrán aprobar sus propios planes generales y especiales con informe previo del Estado, recuperando competencias perdidas en 1999. El objetivo es situarlas en un nivel de autogobierno equiparable al del resto de comunidades autónomas.
UNA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA: MENOS INTERVENCIÓN Y MÁS OFERTA
9. Derogación de las zonas de mercado tensionado
Se propone eliminar las zonas tensionadas, al considerarse una figura que restringe la oferta y genera distorsiones en el mercado. Su aplicación, especialmente en Cataluña, se señala como un factor de contracción del mercado del alquiler.
10. Fin del intervencionismo en los precios del alquiler
La proposición plantea la derogación del control de precios del alquiler. El texto sostiene que la intervención iniciada en 2022 y la posterior Ley de Vivienda han generado inseguridad jurídica y retirada de viviendas del mercado. Se citan informes del Consejo General del Poder Judicial, el Instituto de Estudios Económicos, Fedea y el Fondo Monetario Internacional, además de experiencias internacionales como Cataluña, Berlín, Escocia o San Francisco, que habrían mostrado efectos negativos sobre la oferta.
11. Fin de la impunidad de la "inquiocupación"
Se reforma el marco de la “inquiocupación” para evitar que impagos prolongados queden sin respuesta eficaz. El texto revisa los criterios de vulnerabilidad introducidos por la Ley de Vivienda y denuncia su impacto en los plazos de desahucio, que se habrían duplicado hasta alcanzar los 21 meses en algunos casos.