Fuentes del Ministerio de Vivienda trasladan a Demócrata que mantendrá su hoja de ruta en materia de vivienda pese al rechazo parlamentario al decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de alquiler que vencían entre 2026 y 2027.
Desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez defienden a este medio que la caída de la norma en el Congreso no frenará las políticas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y a intervenir sobre el mercado residencial.
El Gobierno insiste en proteger a los inquilinos
Tras la votación en la Cámara Baja, fuentes del Ministerio trasladan su pesar porque la falta de apoyos parlamentarios haya impedido sacar adelante una medida que pretendía ofrecer estabilidad a miles de arrendatarios.
El departamento considera que la negativa de algunos grupos políticos dificulta avanzar en soluciones para el acceso a la vivienda, especialmente en un contexto marcado por el incremento de los precios del alquiler y la tensión en las grandes ciudades.
Objetivo: regular los alquileres de temporada
Entre las prioridades inmediatas figura la regulación de los alquileres de temporada, una modalidad que el Ministerio considera que está siendo utilizada de forma fraudulenta para evitar la normativa ordinaria de arrendamientos.
La intención del Ejecutivo es intensificar los contactos políticos para sacar adelante una regulación específica que limite el uso indebido de contratos inferiores a un año.
Desde Vivienda sostienen que estos alquileres deben responder a situaciones concretas y temporales, y no convertirse en una vía para aplicar incrementos abusivos en el precio de los arrendamientos.
Medidas para contener precios y combatir la especulación
El Ministerio también apunta a otras iniciativas ya en tramitación parlamentaria orientadas a:
- Favorecer la reducción de los precios del alquiler
- Frenar prácticas especulativas en el mercado inmobiliario
- Incentivar la salida al mercado de viviendas vacías
- Reforzar la seguridad residencial de los inquilinos
El objetivo, según el departamento, es avanzar hacia un modelo de vivienda más accesible y estable.
En paralelo, el Gobierno insiste en que continuará desarrollando medidas estructurales para aumentar el parque público residencial. Entre las herramientas que considera prioritarias figuran el Plan Estatal de Vivienda, el programa CASA 47 y el PERTE de Industrialización de la Vivienda
Estas iniciativas buscan acelerar la construcción de vivienda asequible y reducir la dependencia del mercado privado.
El Ministerio defiende que la política de vivienda seguirá siendo una de las prioridades del Ejecutivo, especialmente ante las dificultades de acceso a un hogar para jóvenes, familias y rentas medias.
Desde el departamento insisten en que garantizar una vivienda digna no debe depender del régimen de tenencia y que la estabilidad residencial debe consolidarse como un derecho social.