La prórroga automática de los alquileres cayó este martes en el Congreso. Con 166 votos a favor, 177 en contra y cinco abstenciones, la Cámara derogó el decreto-ley con la medida, aprobada para evitar que la renovación de los contratos firmados durante la pandemia supusiera subidas inasumibles para los hogares españoles.
La derogación también acaba con el límite máximo del 2% a las subidas de la renta en las actualizaciones anuales. El decreto-ley fue rechazado por el voto de PP, Vox y Junts. El PNV decidió abstenerse.
Un coste de unos 2.000 euros al año por hogar
Defendió el decreto-ley el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que tildó de “extraordinario error” la decisión de los grupos de no apoyar su convalidación, por propiciar la subida de las rentas del alquiler de miles y miles de inquilinos.
Su Ministerio calcula que la renovación automática de los contratos alcanza a un millón de viviendas en las que viven 2,7 millones de personas. Más aún el tope del 2%, aplicado a la actualización de cualquier contrato.
La derogación, aseguró Bustinduy, supondrá un desembolso adicional de más de 2.000 euros al año en un hogar medio, pero que en las zonas más tensionadas la subida puede suponer hasta 700 euros más al mes. “Piensen si esas familias van a entender sus argumentos para votar que ‘no’”, criticó el ministro.
“¿Dónde está la ministra de Vivienda?”
Ningún ministro del PSOE acudió al debate. El decreto-ley en juego tiene origen en el pulso ganado por los ministros de Sumar, que amenazaron con no asistir al Consejo extraordinario que aprobó la respuesta económica a la guerra de Irán. Un mes después, los papeles parecieron cambiarse.
La situación no pasó desapercibida. “¿Dónde está la ministra de Vivienda?”, se preguntó Daniel Pérez Osma, del PP. “Se ha puesto tan de perfil que ni ha venido a defender este decreto”, afeó la diputada de Compromís, Àgueda Micó.
Desde su aprobación, el decreto-ley quedaba en manos de Junts, que siempre mostró sus reticencias. En el debate, su portavoz de Vivienda, Marta Madrenas, calificó el decreto-ley de “operación de propaganda”, justificó su rechazo por carencias técnicas y pidió rebajas fiscales a propietarios e inquilinos para aprobar medidas en materia de vivienda.
Pérez Osma, del PP, resumió su crítica al decreto-ley en que cada medida de intervención implica la reducción de la oferta y, por consiguiente, la subida de precios. Y Carlos Hernández Quero, de Vox, pidió medidas estructurales, entre ellas el cierre de las fronteras.
Medidas de mínimos
Las defensas al decreto-ley incidieron en que las medidas no son novedosas. Ya fueron avaladas por el Congreso en los últimos años. Hasta ocho veces, cifró Bustinduy. Sin embargo, la medida fracasa ahora, en una situación mucho más crítica, algo que el ministro atribuyó al “tacticismo”.
Tanto Gabriel Rufián (ERC) como Oskar Matute (EH-Bildu) defendieron que la renovación automática de los contratos y el tope del 2% no supone una pérdida para los grandes fondos. Si acaso, una minoración de ingresos. “Este decreto no contiene ni expropiaciones ni topes ‘cero’”, esgrimió Rufián, que exhibió un billete de 50 euros en el estrado para acusar a Junts de compartir esa bandera, la del dinero, con PP y Vox.
Bustinduy pidió un último turno para rebatir uno a uno a los partidos contrarios a la convalidación. Cargó particularmente contra PP y Vox por presumir de defender a ciudadanos españoles frente a los migrantes y luego posicionarse en favor de los fondos de inversión extranjeros. “No hay disfraz, no hay bandera ni hay pulsera que pueda tapar eso”, les espetó.