Las demandas de los socios al Gobierno para septiembre: desbloquear Vivienda y lo pactado en la investidura

Fuentes de Sumar, ERC, PNV y EH Bildu explican a Demócrata cuáles son las medidas por las que presionarán en este arranque de curso

Imagen de archivo del hemiciclo del Congreso de los Diputados | Ricardo Rubio (Europa Press).

Imagen de archivo del hemiciclo del Congreso de los Diputados | Ricardo Rubio (Europa Press).

Los primeros compases del curso político han dibujado un marco compuesto por dos grandes ejes: los Presupuestos Generales del Estado y la quita de deuda. Ambos tienen por delante un largo camino hasta concretarse (si lo hacen, puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anticipando que si el Congreso tumba su proyecto de cuentas, no convocará elecciones y continuará prorrogando los actuales). Con este escenario, ¿qué leyes serán las primeras en despacharse en septiembre y cuáles son los asuntos que los socios del Ejecutivo quieren debatir y aprobar cuanto antes, incluso, como parte de la negociación presupuestaria?

Lo primero es lo primero

El primer Pleno del curso tiene cerrado un orden del día nutrido de asignaturas pendientes. El martes, se aborda la convalidación o derogación del Real Decreto-ley con la ampliación de permisos por nacimiento y de cuidados.

Al día siguiente, el miércoles, el Gobierno puede cosechar una victoria y una sonora derrota. Se debaten las enmiendas de totalidad a dos proyectos de Ley. Por un lado, el de protección de las personas menores de edad en entornos digitales, que tiene visos de prosperar. Por otro, la reducción de jornada laboral, buque insignia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que parece abocado a hundirse.

Con el PP enrocado en el ‘no’, el grupo clave es Junts. También se posicionado en el rechazo a la medida, pero Sumar intenta negociar para, al menos, superar la totalidad.

Fuentes del Grupo Plurinacional de Sumar consideran que hubieran tenido más probabilidades si se hubiera retrasado su llegada al Pleno. Las conversaciones se han acelerado y pivotan en torno al diseño de un mecanismo de compensación de pérdidas.

Se propone que las empresas evalúen las pérdidas que le generan la reducción de la jornada de sus trabajadores y, una vez acreditada, se les pueda compensar durante un periodo de transición. Desde Sumar consideran que sería una solución aceptable ya que no contemplan que las empresas registren pérdidas.

Hay voces del grupo que sugieren que Díaz podría retirar el proyecto para evitar una derrota parlamentaria, aunque “sería muy duro”. La propia Díaz ya ha anticipado que se debatirá pase lo que pase y que, en caso de decaer, volverá a iniciar el trámite en Consejo de Ministros para explorar las opciones en un segundo intento.

¿Y más allá?

Resuelto el horizonte más próximo, la pregunta es qué leyes y asuntos quieren desbloquear los socios en estas primeras semanas. Y la respuesta de los principales aliados parlamentarios del PSOE es clara: agenda social, en concreto, Vivienda; y cumplimiento de compromisos ya adquiridos.

Sumar está concentrando todos sus esfuerzos en esta semana, en los permisos y en la reducción de jornada. Ya en el horizonte más a medio plazo, esperan avanzar en cuestiones relativas a Vivienda; y más específicamente, urgen al desbloqueo de la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones.

“No dejo de repetirle una y otra vez al PSOE que permita que se desbloquee. Hay que poner toda la carne en el asador”, argumentó la portavoz parlamentaria del Grupo Plurinacional de Sumar, Verónica M. Barbero, en una entrevista con Demócrata.

Vivienda y más Vivienda

“Vivienda es la clave”, apuntan fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El Grupo Republicano tiene registrada una iniciativa para combatir la especulación inmobiliaria que, además, comparte algunas medidas con la impulsada por el Grupo Socialista, como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o la eliminación de los beneficios fiscales de las SOCIMI. También plantean crear un nuevo impuesto a la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y concebido como un complemento al IVA. Este tributo busca penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social.

EH Bildu también presiona para desbloquear cuanto antes además de las antecitadas iniciativas, otra medida para prohibir a las plataformas anunciar alojamientos turísticos ilegales. Esta norma pretende descargar sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos que no cuenten con un número de registro o licencia. Cuenta con un severo régimen sancionador, con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.

El pasado retorna

Vivienda y agenda social al margen, ERC exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad. En las conversaciones sobre Presupuestos demandarán que los socialistas cumplan con las cuestiones pactadas para la investidura de Pedro Sánchez, eso es, la quita de deuda (que ya está en marcha) y las cuestiones relacionadas con Rodalies Catalunya, que se acordó su traspaso integral.

En la misma tónica se mueve el PNV. Fuentes jeltzales apuntan a Demócrata que, como parte de la negociación de las cuentas, pedirán el cumplimiento de los acuerdos rubricados en el pacto de investidura, es decir, traspaso de competencias, convenios autonómicos y gestión tributaria.

Cuanto antes

Otra iniciativa que podría resolverse más pronto que tarde es la denominada ley Bolaños, que se encuentra en fase de enmiendas al articulado.

El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal depende de Junts.

El Gobierno apremia para aprobarlo cuanto antes. De hecho, su intención era incluirlo en el Pleno escoba de julio, pero Junts no contempla facilitar tal empresa. Piden enmendar la norma para incluir una suerte de CGPJ catalán (Consell de Justicia de Catalunya) y eliminar de la Audiencia Nacional. Ambiciosas demandas salpimentadas por la máxima de que se sienten agraviados por el incumplimiento de compromisos adquiridos con anterioridad. Hasta que se concreten, poco tienen que negociar, según fuentes del grupo parlamentario consultadas por Demócrata.

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