Al menos 32 nuevos nombres y más de 270 solicitudes de documentación. Esas son las dos baterías de nuevas peticiones que el Grupo Popular del Senado ha registrado en su ampliación del plan de trabajo, al que ha tenido acceso Demócrata, ante la Mesa de la Comisión de Investigación sobre la Operación Delorme y otros casos relacionados, más conocida por el sobre nombre de Comisión del ‘Caso Koldo’.
Hoy, concluía el plazo dado hace quince días a los diferentes grupos para que, en el caso de que así lo desearan, propusieran nuevos comparecientes o pidieran más documentos, algo a lo que el PSOE ha renunciado, como confirman desde el Grupo Parlamentario Socialista en respuesta a este medio.
En el extremo opuesto, desde el PP han aprovechado esta nueva ventana para materializar algo con lo que llevaban especulando desde la creación de la comisión, constituida el 1 de abril, y que ya adelantó tras el último pleno del Congreso, este pasado miércoles, el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo: desde el Grupo Popular llaman a comparecer al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Los populares alegan para justificar su decisión que el presidente «ha rechazado todas las oportunidades que ha tenido para dar explicaciones», motivo por el que consideran que «tiene que venir al Senado».
El de Sánchez no es el único nombre del Gobierno que forma parte de esta nueva tanda de comparecientes. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también será citada en una fecha por determinar para intervenir y responder, si así lo estima oportuno, a las preguntas de los diferentes grupos con representación en la Cámara. Cuándo acudirá cada uno es algo que tendrá que dirimir la Mesa de la comisión, con mayoría del Partido Popular, en próximas reuniones.
El nuevo texto por el que se amplía el actual plan de trabajo contempla también un formato de comparecencia de mayor duración al celebrado hasta ahora. Se trata de las «comparecencias monográficas«, sesiones con un solo compareciente en las que cada uno de los grupos dispondrá de un espacio de 50 minutos en el que confrontar con la persona citada. Para el resto de comparecencias se mantienen los 30 minutos por turno de los que han dispuesto hasta ahora los grupos en las diez sesiones celebradas hasta el momento.
Exministras y antiguos dirigentes de empresas públicas
La relación de personas registrada por el PP incluye varias exministras, como la que fuera titular de Economía y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; la exministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hoy reubicada como presidenta de Paradores, Raquel Sánchez Jiménez; o quien estuvo al frente del ministerio de Asuntos exteriores, Arancha González Laya.
En el listado de 32 personas se encuentran también el actual presidente del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (empresa pública dependiente del Ministerio de Ciencia) y exvocal del Consejo Asesor de Asuntos Económicos (Ministerio de Economía), José Moisés Martín Carretero; el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano; la actual presidenta de la SEPI, María Belén Gaulda González; el exdirector general de RED.ES David Cierco Jiménez de Parga; o el exdiputado y exdirector de gabinete de Salvador Illa, Germán Rodríguez Sánchez, en estos momentos jefe de gabinete del ministro de Industria, Jordi Hereu.
Completan el listado empresarios, policías, ex cargos autonómicos y otros miembros de instituciones y organismo públicos.
Una ampliación advertida por los servicios jurídicos
Motivada en un inicio por la investigación judicial de la Operación Delorme, la comisión amplió su objeto inicial por decisión del Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado. Aunque el PP quiso desde un inicio incluir en el alcance de la comisión «una presunta red de tráfico de influencias (…) vinculada con el entorno político y familiar» de Sánchez, en alusión a la pareja del presidente, Begoña Gómez,y los hechos ocurridos» durante la estancia en el aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, el letrado de la comisión censuró que el primer plan de trabajo se excedía del ámbito de actuación.
El informe jurídico motivó que el PP llevara al Pleno del Senado una nueva solicitud para que este autorizara la ampliación del objeto de la comisión, que actualmente tiene por nombre Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que, directa o indirectamente, tengan relación con las actividades y contactos de las personas que forman parte de la trama investigada en la Operación Delorme.
